La lujosa vida como prófugos de Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la presentadora Inés Gómez Mont, ha sufrido un revés decisivo. El abogado fiscalista fue detenido en Miami, Florida, y se encuentra recluido en un centro migratorio, según confirman los registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
Irónicamente, la detención del empresario, buscado por la Interpol por presunta delincuencia organizada y un desvío de fondos públicos de casi 3,000 millones de pesos en México, no se debe a la ficha roja internacional, sino a su estatus migratorio irregular en territorio estadounidense.
Álvarez Puga, quien permanecía prófugo de la justicia mexicana desde 2021, fue arrestado el pasado 24 de septiembre y se encuentra en el Centro de Procesamiento Krome North.
La batalla legal en EU
Según documentos judiciales del Tribunal del Distrito Sur de Florida, el equipo legal del empresario ya está en movimiento. El pasado 15 de octubre, la jueza federal Cecilia M. Altonaga concedió parcialmente un recurso de habeas corpus a favor de Álvarez Puga.
La magistrada determinó que el empresario no debe permanecer bajo «detención obligatoria» y ordenó que se le conceda una audiencia individualizada de fianza. El fallo se basa en que Álvarez Puga ingresó a Estados Unidos en julio de 2021 «sin pasar por inspección migratoria» y posteriormente, en 2022, solicitó asilo político (trámite aún pendiente). Al no ser un arresto en la frontera, la jueza determinó que tiene derecho a una revisión de su custodia.
La puerta abierta para la extradición
Esta detención migratoria es la oportunidad que la Fiscalía General de la República (FGR) en México esperaba. Ahora, el gobierno mexicano puede iniciar formalmente el proceso de extradición para que Álvarez Puga enfrente las múltiples acusaciones en territorio nacional.
La estrategia de utilizar una falta migratoria para capturar a un prófugo de alto perfil es similar a la empleada en el pasado para la deportación de otros funcionarios, como Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Pemex.
El megafraude con la SEGOB
A la pareja Álvarez Puga-Gómez Mont se le acusa de encabezar un sofisticado entramado de corrupción. La FGR documentó cómo, entre 2016 y 2017 y a través de su despacho Álvarez Puga & Asociados, presuntamente orquestaron una red de empresas fantasma.
Estas compañías de papel recibieron jugosos contratos por adjudicación directa de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Los contratos, por casi 2,950 millones de pesos, eran para supuestos servicios de seguridad en prisiones federales. Según la fiscalía, los servicios fueron simulados y el dinero público fue desviado y lavado.
Desde que se emitió la orden de aprehensión federal en 2021, la pareja huyó de México. «Quiero recalcar que soy inocente», afirmó Gómez Mont en sus redes sociales ese año. A pesar de estar prófugos, lograron desbloquear sus cuentas bancarias y fueron localizados en Florida gracias a una demanda civil por un adeudo hipotecario de lujo.