Una tormenta política y mediática rodea a la exdirectora del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla, después de que la prestigiosa revista de arquitectura estadounidense Dwell publicara un reportaje sobre el lujoso estudio de arte de su hija, Jimena García Álvarez-Buylla. La difusión coincide con la revelación de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso una denuncia penal contra la exfuncionaria por un presunto daño al erario superior a los 57 millones de pesos.
El artículo de Dwell describe con detalle el espacio de dos pisos, diseñado por la reconocida firma Estudio MMX y ubicado en el mismo terreno de la residencia de la exfuncionaria en Tlalpan. La publicación lo califica como una «estructura triangular de dos pisos» oculta tras una mampara de ladrillos color arena. En la entrevista, Jimena García menciona que el objetivo del proyecto fue estar más cerca de su madre. «Nuestros hogares reflejan eso. Mi madre y yo nos encontramos literalmente en el jardín que nos separa», declaró.
La publicación generó una inmediata ola de críticas en redes sociales, donde los usuarios señalaron la contradicción entre el lujo exhibido y el discurso de «austeridad republicana» del gobierno para el que trabajó su madre. La controversia escaló a tal punto que Jimena García Álvarez-Buylla eliminó su cuenta de Instagram.
La denuncia de la ASF
La polémica se intensifica por su timing. Según reveló inicialmente el diario Milenio, la ASF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras detectar graves irregularidades en la fiscalización de la Cuenta Pública 2021 del entonces Conacyt.
La denuncia se centra en el proceso de extinción de fideicomisos de ciencia y tecnología, donde se habrían simulado contrataciones y realizado pagos por servicios que no fueron comprobados, resultando en un probable daño al erario por más de 57 millones de pesos.
En respuesta, Álvarez-Buylla publicó en sus redes sociales que el proceso de extinción fue «exitoso y con apego a la normativa», y que las irregularidades detectadas se referían a un contrato específico, situación que, aseguró, implicó la renuncia de directivos y el inicio de procedimientos internos.
«Justicia poética»
Columnistas y miembros de la comunidad científica no tardaron en señalar la ironía de la situación. Como se recuerda en una columna de opinión, en 2021 fue la propia Álvarez-Buylla quien denunció a 31 científicos y académicos por delincuencia organizada y lavado de dinero, en un caso relacionado también con fideicomisos que finalmente fue desechado por un juez. Este giro de los acontecimientos ha sido calificado por algunos como «justicia poética».
La coincidencia de ambos escándalos —la exhibición de un inmueble de lujo y la grave acusación por manejo de recursos públicos— ha puesto a la exfuncionaria, una de las figuras más defendidas por el expresidente López Obrador, en el centro de un intenso escrutinio sobre la congruencia entre su discurso y sus acciones.