En un hecho que marca un precedente para la justicia ambiental en la Península de Yucatán, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una clausura total y definitiva a la granja porcícola Pecuaria Peninsular, ubicada en la comunidad maya de Santa María Chi.
La medida es la culminación de una ardua batalla de casi cuatro años emprendida por los habitantes locales, organizaciones civiles y el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) contra la contaminación sistemática de su territorio, sus recursos hídricos y el aire que respiran.
Incumplimientos reiterados: la gota que derramó el vaso
La decisión de la Profepa se fundamenta en el incumplimiento reiterado de al menos siete medidas correctivas que ya habían sido impuestas a la empresa. Entre las violaciones más graves, la autoridad ambiental comprobó:
Descargas directas de aguas residuales sin los permisos correspondientes.
Omisión en el manejo y caracterización de los lodos generados, representando un foco de contaminación para el suelo y el acuífero.
Estas acciones, según la dependencia, «representan una amenaza para el equilibrio ambiental y la salud de las comunidades vecinas».
Una lucha de años contra la contaminación y la impunidad
La clausura no es un hecho aislado, sino el resultado de denuncias que datan desde 2021. La tensión escaló en 2023, cuando los pobladores de Santa María Chi protestaron bloqueando el acceso a la granja después de que la empresa quemara estiércol de cerdo durante un mes, provocando una nube de humo y olores fétidos que, según los habitantes, causó enfermedades respiratorias, especialmente en niños y niñas.
Debido al incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas, entre ellas, la descarga de aguas residuales de forma directa y sin permiso, este 9 de septiembre la Profepa clausuró de forma total y definitiva la operación de la porcícola Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa… pic.twitter.com/36s0nxupnS
— PROFEPA (@PROFEPA_Mx) September 10, 2025
La respuesta de la empresa fue denunciar penalmente al comisario ejidal, Wilbert Alfonso Nahuat Puc, por despojo y privación ilegal de la libertad, en un claro intento por criminalizar la protesta social. «Teníamos un acuerdo con la granja para respetarnos y cuidar de la comunidad y el medioambiente», declaró en su momento Nahuat Puc al medio La Silla Rota.
Profepa: «Trabajamos con las comunidades»
La procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, reconoció la persistencia de los afectados. «Conocemos la lucha de años de las personas afectadas por esta empresa. Han denunciado, se han amparado y han exigido justicia. Hoy la Profepa trabaja con ellas y ellos para concretar esta clausura definitiva», afirmó.
Tras el cierre, Pecuaria Peninsular está obligada a elaborar un estudio de daño ambiental y a ejecutar un plan de desmantelamiento y abandono adecuado del sitio para reparar el perjuicio causado.
Curiosamente, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, reveló que los propietarios de la empresa ya se habían acercado a su administración para acordar una «reubicación voluntaria», aunque el proceso, reconoció, no sería inmediato.