Fotografía: Su muerte ocurre en medio de la desarticulación de una red de corrupción liderada por altos mandos que ya suma 14 detenidos.
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El escándalo de corrupción que ha cimbrado a la Secretaría de Marina (SEMAR) alcanzó un punto trágico este lunes 8 de septiembre, con la confirmación del suicidio del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien era investigado por su presunta participación en una poderosa red de huachicol fiscal que operaba desde los puertos de Tamaulipas.

Fuentes federales confirmaron que el capitán Pérez Ramírez, quien se desempeñaba como titular de la Unidad de Protección Portuaria (UNAPROP) de Altamira, se quitó la vida en sus propias oficinas. Su nombre figuraba en la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) como una de las piezas en el engranaje de corrupción presuntamente liderado por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías.

Un soborno de $100,000 Pesos

Según consta en el expediente de la FGR, a Pérez Ramírez se le acusaba de haber recibido un pago de 100,000 pesos en abril de 2024. En ese entonces, era responsable de la UNAPROP en el puerto de Tampico y, a cambio de la «gratificación», habría permitido la descarga ilegal de un buque cargado con combustible de contrabando, conocido como «huachi-buque».

El testimonio del entonces director de la Aduana de Tampico, el capitán Alejandro Torres Joaquín, fue clave para implicarlo. «Hago del conocimiento que en una sola ocasión le entregué la cantidad de $100,000.00 como gratificación que le enviaba ‘NK'», declaró ante la FGR, refiriéndose a la clave usada por un intermediario de los hermanos Farías Laguna, actualmente prófugo.

Una red de corrupción de alto nivel

La muerte del capitán es la última réplica de un terremoto que ha resultado en la detención de al menos 14 personas, incluyendo cinco marinos en activo, un marino retirado, tres empresarios y cinco exfuncionarios de aduanas.

La red, confirmada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, operaba mediante sobornos de hasta 1.75 millones de pesos por cada embarcación que permitían descargar ilegalmente. El golpe más significativo contra la organización fue el decomiso de un buque con 10 millones de litros de diésel, uno de los más grandes en la historia del combate al huachicol.

El caso adquiere una dimensión aún mayor al revelarse que los presuntos líderes, los hermanos Farías Laguna, son sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de Marina durante el sexenio anterior. Paradójicamente, la presidenta Claudia Sheinbaum y el fiscal Alejandro Gertz Manero han señalado que la investigación se inició hace casi dos años gracias a denuncias presentadas por el propio exsecretario Ojeda.

Mientras la SEMAR emitió un escueto comunicado lamentando el «sensible fallecimiento» del capitán Pérez Ramírez y asegurando colaboración para esclarecer los hechos, el gobierno federal, en voz de la presidenta, ha reiterado su compromiso de «cero impunidad», prometiendo que todos los involucrados serán llevados ante la justicia.


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