Fotografía: Advierten que se abandonan líneas de investigación clave y exigen la entrega de archivos militares. Crédito: Franyeli Garcia / AFP)
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Casi once años de una herida que no cierra. La frustración y la decepción volvieron a ser los sentimientos predominantes para los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa tras su quinta reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional. La promesa de “nuevos elementos” en la investigación se desvaneció, dejando a las familias con las manos vacías y la sensación de un nuevo retroceso.

Al término del encuentro, el abogado de las familias, Isidoro Vicario, fue contundente: «Nos quedó mucho a deber hoy el gobierno». Su declaración encapsuló el sentir generalizado, confirmando que no se presentaron los avances significativos que la mandataria había anticipado en su conferencia matutina, particularmente en el análisis de la red de telefonía de aquella trágica noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Promesas sin resultados concretos

La expectativa era alta. La presidenta Sheinbaum había anunciado que un equipo científico estaba analizando a profundidad las llamadas telefónicas de las horas clave del caso, una línea de investigación que, aseguró, no se había explorado correctamente en años anteriores. Sin embargo, para los padres y su defensa, la información presentada no fue nueva ni representó un avance real.

Emiliano Navarrete y Mario César González, padres de dos de los jóvenes desaparecidos, expresaron su descontento, señalando que a casi once años solo han visto la «incapacidad de los gobiernos» y acusaron que otras líneas de investigación y órdenes de aprehensión se han dejado caer, lo que perciben como un claro retroceso en la búsqueda de la verdad.

Críticas a la Fiscalía y la exigencia de los archivos militares

La desconfianza de las familias también se centra en la operatividad de la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa. Según el abogado Vicario, la unidad, ahora dirigida por Mauricio Pazarán, “no ha podido consolidar su equipo de trabajo”, lo que debilita la integración de pruebas y la solidez de las acusaciones.

Por ello, las demandas de los padres se mantienen firmes y claras:

Reinstalar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuya labor fue fundamental para desmontar la «verdad histórica» pero que enfrentó constantes obstáculos por parte de las Fuerzas Armadas.

La entrega inmediata de más de 800 folios que continúan en poder del Ejército y que, sospechan, contienen información crucial para resolver el caso.

Once años de una lucha sin descanso

El caso Ayotzinapa se ha convertido en el símbolo de la impunidad en México. La noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» fueron brutalmente atacados en Iguala, Guerrero, por policías municipales y miembros del crimen organizado. El saldo fue de seis personas asesinadas y 43 estudiantes desaparecidos.

La versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto, conocida como la «verdad histórica», que sostenía que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, fue científicamente desacreditada. A pesar de la creación de una Comisión de la Verdad en el sexenio posterior, que calificó el hecho como un «crimen de Estado», la justicia sigue sin llegar.

Al filo de un nuevo aniversario, y con una nueva reunión pactada para noviembre, la consigna de las familias resuena con más fuerza que nunca: «¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!».


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