El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, reveló la existencia de una investigación en curso por un esquema de defraudación que ha sido denominado como “huachicol de azúcar”. Durante la conferencia matutina presidencial, el funcionario confirmó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya está tomando medidas contra empresas que realizan contrabando para eludir sus obligaciones fiscales.
«Hay una denuncia bastante creíble», afirmó Berdegué. Explicó que el modus operandi consiste en importar mezclas que son fundamentalmente azúcar, pero con un 10% de otro «producto inerte», con el único fin de reclasificar la mercancía y evitar el pago de los impuestos correspondientes. «Ya están identificadas las empresas, ya están procediendo las autoridades competentes para aplicar las sanciones que corresponden», sentenció.
Esta medida es una de varias respuestas a la profunda crisis que enfrenta la industria cañera nacional. Otro frente clave es la revisión de las tarifas de importación. El secretario informó que la Secretaría de Economía ya realiza los análisis técnicos y jurídicos para evaluar la «factibilidad» de modificar el arancel al azúcar, una demanda central del sector. Actualmente, la tarifa se sitúa en 338 dólares por tonelada de azúcar cruda, pero la Unión Nacional de Cañeros y la Cámara Azucarera han solicitado un drástico aumento a 720 dólares por tonelada.
Para abordar la problemática de manera integral, el gobierno federal ha instalado una mesa de trabajo permanente en la que participan los cañeros, los ingenios y un frente interinstitucional que incluye a las secretarías de Agricultura, Economía, Hacienda, el SAT y la Dirección General de Aduanas.
La crisis del sector, expuesta durante la conferencia, también se alimenta de la competencia desleal del jarabe de maíz importado de Estados Unidos con un arancel muy bajo, y la compra de azúcar brasileña de mala calidad por parte de grandes embotelladoras y productores de alimentos.
Berdegué aseguró que todos los puntos presentados por los productores están siendo atendidos mediante procedimientos legales formales. «Se han iniciado los procesos, no solo estamos platicando, ya hay acciones en curso. Los cañeros e ingenios están perfectamente informados de lo que estamos haciendo», concluyó.