Con la advertencia de desquiciar las principales vías de acceso a la capital, la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunció un paro de labores y una movilización masiva con 7,500 unidades para el próximo lunes 1 de septiembre, una fecha deliberadamente elegida por coincidir con el regreso a clases de millones de estudiantes. Su exigencia central: un aumento a la tarifa o la entrega de subsidios para combustible, argumentando que el incremento en sus costos operativos los ha llevado a la «quiebra económica».
Francisco Carrasco, vocero de la organización, aseguró que la decisión es resultado del «total fracaso» en las negociaciones con el Gobierno de la Ciudad de México. «Se cerrará una totalidad al paso vehicular y pedimos disculpas a la población civil; pero el gobierno capitalino nos ha orillado a tomar esta decisión», sentenció el líder transportista. Según sus cifras, el costo del diésel pasó de $19.59 en 2020 a $25.83 en 2025, un alza que, afirman, hace insostenible la tarifa actual.
La exigencia frente al espejo del servicio
No obstante, la exigencia de un mayor costo para el usuario choca frontalmente con la percepción pública y las condiciones documentadas del servicio. Mientras piden más dinero, es común ver sus unidades circulando sin placas, sin la documentación requerida o con pólizas de seguro vencidas.
Las propias unidades son un foco de quejas constantes: vehículos viejos, sucios, con asientos rotos y sin la cromática oficial correspondiente, lo que dificulta su identificación. A esto se suma el factor humano, uno de los reclamos más graves de la ciudadanía: conductores que manejan de manera errática, compitiendo por el pasaje, ignorando las paradas oficiales y, en casos denunciados, mostrando aliento alcohólico mientras están al volante, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros.
Un paro estratégico para maximizar la presión
La elección del 1 de septiembre a las 7 de la mañana no es casual. Al afectar el regreso a clases, los transportistas buscan generar la máxima presión social y política. Planean bloquear los cuatro principales accesos carreteros a la Ciudad de México, lo que impactará no solo a los capitalinos, sino a los cientos de miles de personas que se trasladan diariamente desde el Estado de México, donde, irónicamente, también se está negociando un aumento.
Mientras la FAT defiende su postura argumentando que generan miles de empleos y que el gobierno los ha ignorado, para millones de usuarios la pregunta es si un servicio deficiente y a menudo peligroso merece un aumento. La mesa está puesta para un lunes de caos vial, con un gobierno que se niega a ceder y un gremio que exige más recursos sin ofrecer, a cambio, una mejora tangible en la seguridad y calidad de los viajes.