Un grito de justicia, hartazgo e impotencia ha llevado a 85 comunidades indígenas mixtecas de este municipio enclavado en la Costa Chica de Guerrero a «levantarse en armas». La movilización es una respuesta directa a la masacre de 13 de sus policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), emboscados el pasado 17 de agosto, y a lo que denuncian como una total inacción por parte de las autoridades federales para esclarecer el crimen.
Ante el vacío de autoridad, la UPOEG ha tomado el control. Cientos de sus integrantes, invitados por las propias autoridades comunitarias, han desplegado operativos de búsqueda en pueblos como Lagunillas, El Refugio y Colotepec para dar con los responsables del ataque, a quienes acusan de pertenecer al grupo delictivo «Los Ardillos».
En Ayutla, Guerrero, 85 comunidades indígenas se levantaron en armas tras la masacre de 13 integrantes de la UPOEG. Acusan al grupo Los Ardillos del ataque.https://t.co/NXWtxUQTZq#Ayutla #Guerrero #Mixteca pic.twitter.com/hquJ4WKuvs
— La Jornada (@lajornadaonline) August 25, 2025
Cacería en la Costa Chica: UPOEG captura a implicados
Las acciones de autodefensa ya han arrojado resultados. Voceros de la UPOEG confirmaron la detención de tres personas durante un operativo en la comunidad de Lagunillas este domingo. Se trata de dos hombres, señalados como participantes directos en la emboscada de El Cortijo, y una mujer, acusada de fungir como «halcona» (vigilante) y vendedora de droga para el grupo criminal.
A pesar de actuar por su cuenta, los tres detenidos fueron entregados y puestos a disposición del Ministerio Público, en un claro mensaje a las autoridades: la comunidad hará el trabajo que el Estado ha omitido.
El origen de la furia: la emboscada de El Cortijo
La indignación estalló la noche del pasado 17 de agosto, cuando un comando armado interceptó y acribilló a un convoy de la policía ciudadana de la UPOEG que realizaba un rondín de vigilancia. El saldo inicial de ocho muertos ascendió a 13 en las horas siguientes, marcando uno de los ataques más sangrientos contra el sistema de justicia comunitaria en la región.
Desde entonces, la exigencia ha sido una: «El pueblo de Ayutla, la UPOEG y la comunidad de El Cortijo exigen justicia», declaró una fuente de la organización, quien sentenció: «No ha habido ningún avance del gobierno federal en la investigación».
El vacío que rellena la autodefensa
Esta percepción de abandono ha sido el catalizador para que las comunidades retomen con más fuerza su derecho a la autoorganización. Se anunció que en los próximos días, los pueblos de Lagunillas, El Refugio, Colotepec y la propia comunidad de El Cortijo celebrarán asambleas para integrar formalmente sus propios cuerpos de policía comunitaria, llenando el vacío de seguridad y reafirmando su desconfianza en las estrategias de seguridad pública estatales y federales.