El futuro de CIBanco, una de las instituciones financieras más grandes de México, pende de un hilo y se decide en una corte de Estados Unidos. El pasado 17 de agosto, el banco presentó una demanda civil en contra del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la directora de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), Andrea Gacki, en un intento por frenar lo que califica como una «pena de muerte» financiera.
La demanda busca anular la orden que, a partir del 4 de septiembre, prohibirá a cualquier institución estadounidense realizar transacciones con CIBanco. Según el recurso legal, la medida es ilegal, viola la Ley de Procedimientos Administrativos y se emitió sin un debido proceso, actuando el gobierno de EE.UU. como «fiscal, juez y jurado».
El conflicto estalló el 25 de junio, cuando la FinCEN acusó a CIBanco, Intercam y Vector de facilitar el lavado de, al menos, 46 millones de dólares para cárteles de la droga, bajo las nuevas facultades de la ley «FEND Off Fentanyl». A pesar de las graves imputaciones, CIBanco sostiene que las autoridades estadounidenses se han negado a proporcionar pruebas específicas, dejándolos en un estado de indefensión.
Consecuencias devastadoras y millones en juego
Antes de que la sanción entre en vigor, el daño ya es palpable. En la demanda, CIBanco revela que la medida pone en riesgo más de 40 mil millones de dólares de fondos legítimos que administra en fideicomisos para clientes estadounidenses.
Las consecuencias son inmediatas: su último banco corresponsal en EE.UU. notificó que terminará su relación el 21 de agosto. Además, Visa canceló su contrato, lo que inhabilitó cerca de 150 mil tarjetas de prepago y bloqueó otras 70 mil tarjetas de débito en el extranjero. El banco advierte que más de 3,000 empleados podrían perder su trabajo si la orden se mantiene.
La presión ha sido tal que, en un movimiento que evidencia la crisis, Grupo Financiero Multiva anunció un acuerdo para adquirir la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco, que representaba el 28% del mercado nacional y era la principal fortaleza de la institución.
CIBanco solicita a la corte una suspensión provisional y permanente de la orden, argumentando que apoya la lucha contra los cárteles, pero que está siendo aniquilado por un proceso erróneo y sin fundamentos que amenaza no solo su existencia, sino también la estabilidad de miles de clientes y fondos de inversión.