El Departamento del Tesoro de Estados Unidos asestó un nuevo y contundente golpe a las finanzas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) este miércoles 13 de agosto, al sancionar a cuatro personas y 13 empresas mexicanas directamente vinculadas a una masiva red de fraude con tiempos compartidos. La acción subraya la creciente preocupación de Washington por el grupo criminal, al que designó oficialmente como Organización Terrorista Extranjera (FTO) el pasado 20 de febrero de 2025.
La operación, centrada en el popular destino turístico de Puerto Vallarta, revela cómo el cártel complementa sus ingresos del narcotráfico con crímenes de cuello blanco que han dejado una estela de devastación.
«Estamos yendo por los cárteles terroristas de la droga como el Cártel de Jalisco Nueva Generación que están inundando nuestro país con fentanilo», declaró en un enérgico comunicado el Secretario del Tesoro, Scott Bessent. «Por orden del presidente Trump, continuaremos nuestro esfuerzo para erradicar por completo la capacidad de los cárteles para generar ingresos, incluyendo sus intentos de aprovecharse de los estadounidenses mayores mediante el fraude de tiempo compartido».
Según cifras del FBI, la estafa ha sido devastadora: entre 2019 y 2023, aproximadamente 6,000 víctimas reportaron pérdidas que rozan los 300 millones de dólares. Tan solo en 2024, se han recibido más de 900 quejas que suman pérdidas por encima de los 50 millones de dólares, cifras que las autoridades creen que están subestimadas debido a que muchas víctimas no denuncian por vergüenza.
Anatomía de una estafa sofisticada
El modus operandi del CJNG era metódico. La red obtenía información de sus víctimas a través de cómplices internos en los complejos turísticos de México. Con estos datos, operaban en fases:
La revictimización: Una vez que las víctimas pagaban y el dinero prometido nunca llegaba, la misma red volvía a contactarlos, esta vez haciéndose pasar por bufetes de abogados que ofrecían recuperar los fondos perdidos a cambio de un nuevo pago.
La suplantación y amenaza: En el nivel más audaz, los extorsionadores llegaban a personificar a funcionarios del gobierno estadounidense, incluyendo a agentes de la propia OFAC. Acusaban a las víctimas de haber realizado transacciones sospechosas y les exigían el pago de multas para evitar supuestas consecuencias legales o incluso la cárcel.
Los rostros del fraude y la violencia
La OFAC identificó a Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro como operadores de alto rango del CJNG involucrados no solo en este fraude, sino también en un grupo de sicarios del cártel.
La cara visible de la red de lavado era Michael Ibarra Díaz, un empresario que utilizaba su fachada de legitimidad en el sector turístico para operar 13 empresas fachada. Estas iban desde agencias de viajes (Sunmex Travel) e inmobiliarias (KVY Bucerías) hasta un taller automotriz, dando una apariencia legal al esquema.
Alerta a propietarios y ayuda para víctimas
El Tesoro emitió una advertencia directa: «Si una oferta de compra no solicitada parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea». Además, instó a las víctimas a actuar y proporcionó canales de ayuda:
Las denuncias de fraude pueden presentarse ante el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI (IC3) en la página ic3.gov.
Las víctimas de edad avanzada pueden ser referidas a la Línea Nacional de Atención contra el Fraude a Personas Mayores del Departamento de Justicia al 833-FRAUD-11.
Esta acción, coordinada con la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, representa el quinto gran golpe contra esta estructura, reafirmando que la lucha contra el CJNG abarca tanto sus actividades de narcotráfico y violencia como sus sofisticadas operaciones financieras.