Fotografía: La oposición califica la decisión como una "ofensa" a las víctimas de la Guardería ABC y una continuación de las recompensas a exmandatarios de oposición.
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La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha propuesto formalmente a la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, como la nueva embajadora de México en Panamá. La designación, enviada a la Comisión Permanente del Congreso para su análisis y eventual ratificación, ha reavivado de inmediato una fuerte controversia política que persigue a la exmandataria priista desde que aceptó su primer cargo diplomático.

Este nombramiento representa el segundo puesto en el Servicio Exterior para Pavlovich, quien al concluir su gubernatura (2015-2021) fue designada cónsul de México en Barcelona por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquella decisión le costó la expulsión del PRI, partido en el que militó durante toda su carrera política.

La polémica actual no solo se centra en su pasado priista, sino que reabre heridas sensibles. Legisladores de oposición, como la senadora Lilly Téllez, criticaron severamente la propuesta, calificándola como «una ofensa para las víctimas del caso ABC». Téllez recordó la presunta defensa de Pavlovich a los dueños de la guardería donde fallecieron 49 menores en 2009, un tema que marcó profundamente a la sociedad sonorense y nacional.


La designación de Pavlovich se enmarca en una estrategia, iniciada en el sexenio anterior, de incorporar a exgobernadores de oposición en puestos diplomáticos clave, entre ellos Quirino Ordaz (Sinaloa), Omar Fayad (Hidalgo) y Carlos Joaquín González (Quintana Roo). Sus críticos argumentan que estos nombramientos funcionan como «premios» políticos por facilitar las transiciones de poder a favor de Morena en sus respectivos estados.

A diferencia de su nombramiento como cónsul, el cargo de embajadora requiere obligatoriamente el aval del Poder Legislativo. En los próximos días, se espera que Claudia Pavlovich comparezca ante la Comisión Permanente, donde deberá responder a los cuestionamientos de los legisladores antes de que se vote su ratificación. El oficio, signado por la presidenta Sheinbaum y remitido por la Secretaría de Gobernación, subraya el uso de las facultades constitucionales de la mandataria para realizar dichos nombramientos, iniciando así un proceso que promete un intenso debate político.


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