En una contundente declaración que expone las tensiones internas del poder, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, denunció intentos de «influyentismo» por parte de legisladores y miembros de la cúpula política que buscan proteger a empresarios infractores, enviando un mensaje claro: «Quiero hacer mi trabajo y a veces no me dejan».
El procurador detalló un caso específico en el que una diputada intercedió por una gasolinera, cuyo personal alegaba un «abuso» por parte de los verificadores de la Profeco. «Me buscó hace poco una diputada, [para que le] ayudara a una gasolinera», relató Escalante. Lejos de ceder, solicitó el acta de verificación y, con evidencia en mano, demostró a la legisladora que el procedimiento se había realizado conforme a derecho, desmintiendo la versión del supuesto abuso. «Así es como se le da la vuelta», afirmó, subrayando la importancia de basarse en pruebas y no en favores políticos.
El episodio más revelador fue la clausura de un hotel de lujo, calificado por el propio Escalante como «muy fifí». Durante la inspección, los verificadores encontraron un catálogo de irregularidades graves: precios exhibidos en dólares, cobros extra no estipulados en el contrato, alimentos caducados y una cocina infestada de cucarachas.
La decisión de imponer los sellos de suspensión desató una cadena de llamadas. «En el transcurso de que estábamos imponiendo los sellos, hasta media hora después me hablaron cuatro compañeros del movimiento, pero cada vez eran de más nivel», confesó el funcionario.
Ante la creciente presión, que amenazaba con escalar, Escalante tomó una decisión estratégica: «Mi intuición fue ‘se va a enterar la presidenta’. Y le llamé a la presidenta».
Según su testimonio, informó directamente a la mandataria sobre la situación y las irregularidades del establecimiento. La respuesta que recibió fue una orden tajante y de total respaldo: «Iván, dale a tu chamba».
«La presidenta nunca me ha dicho ‘oye, no vayas, no hagas'», enfatizó Escalante, dejando claro que su mandato para defender al consumidor proviene del más alto nivel y no está sujeto a las negociaciones de otros actores políticos.
Finalmente, envió un mensaje directo al «diputado Lobo» y, por extensión, al resto de la clase política: «Podemos ayudar mucho no interviniendo cuando no conocemos bien el caso». Aclaró que está abierto a revisar situaciones cuando se presentan pruebas de una injusticia, pero no cederá ante la defensa automática de proveedores que, en última instancia, perjudican a la colectividad que la Profeco tiene el deber de proteger.