Fotografía: Gertz Manero aceptó que no es la primera vez que se cuestiona el uso que el expresidente hizo de recursos públicos.
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Alejado de la vida pública, sin perder tiempo en darse una nueva oportunidad en el amor, viajes y una vida de envidiable reposo y diversión que se prolongó por más de seis años entre Madrid y Punta Cana, Santo Domingo, el ex presidente, Enrique peña Nieto se hoy se enfrenta a un nuevo capítulo donde la Fiscalía General de la República inició una investigación sobre el supuesto pago de sobornos que habría recibido por parte de dos empresarios israelíes a cambio de contratos.

En el aire flotan 25 millones de dólares que ambos empresarios, entregaron presuntamente, para entrar al gigantesco negocio de “repartirse el país”, figurando dentro de estos contratos la compra del programa espía Pegasus durante el sexenio del dirigente, desde 2012 hasta 2018.
Al hacerlo oficial, el Fiscal Alejandro Gertz Manero lo explicó de manera firme, dura y directa.

“No es la primera vez que se pone en cuestión el uso que el expresidente Peña Nieto hizo de los recursos públicos durante su mandato: en el anterior sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador «se presentaron varias denuncias», si bien no fueron corroboradas con las pruebas suficientes. Expresó.

El proceso inició este martes 8 de julio. El fiscal general, señaló que solicitarán información a las autoridades israelíes para que puedan incluirse en la carpeta de investigación que recién se ha abierto por esta causa, y evitar que no se pierdan estas acusaciones en «denuncias que no se sostienen», como ya ha ocurrido.

Sin embargo advirtió que las relaciones con el Gobierno de Israel no pasan por su mejor momento, luego de que se negara a extraditar a Tomás Zerón, quien presuntamente está involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa.

«En el caso de Peña Nieto, faltarían pruebas; nosotros exigimos a todas las autoridades que hicieron algún tipo de denuncia que ratificaran los elementos para poderlos judicializar, pero hasta el momento no nos los han entregado», sostuvo el fiscal general mexicano.

ME DEDIQUE A SERVIR: PEÑA

El asunto de Pegasus lleva varios años en el escenario público pero revivió luego de una publicación del periódico israelí The Marker, en la que se da cuenta que Peña Nieto recibió 25 millones de dólares por parte de dos empresarios a cambio de cuantiosos contratos públicos que por decenas se multiplicaron durante su gestión.

El exmandatario quien hizo del silencio uno de sus más grandes compañeros para construir un ritmo de vida lujosa y divertida vida, alejado de la vida política, después de ser uno de los personajes más populares, más vistos y más retratados de la realidad mexicana durante más de una década, ahora se encuentra en una situación que lo podría llevar a tribunales.
Su primera reacción fue negar estos señalamientos a través de sus redes sociales. Expresó: «Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones».

Luego en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, el expresidente Enrique Peña Nieto volvió a defenderse del señalamiento sobre supuesto soborno de los empresarios de Israel Avishai Neriah y Uri Ansbacher: “Es absolutamente falsa esta acusación. Esta insinuación dolosa es carente de todo sustento; quieren poner en duda mi honorabilidad”. El ex mandatario emanado del PRI acusó de “falsa y dolosa” la información divulgada por medios internacionales.

PEGASUS INTERVINO A PERIODISTAS, ACTIVISTAS Y OPOSITORES

Las instituciones habrían usado el sistema para intervenir teléfonos de periodistas, activistas y hasta opositores políticos. La polémica se ha vuelto a hacer presente. Los reflectores apuntan al ex presidente Enrique Peña Nieto tras darse a conocer un reportaje que lo señala de supuestos sobornos de 25 millones de dólares para utilizar el sistema de espionaje israelí Pegasus. El reportaje publicado por el medio israelí The Marker indica que los fondos fueron destinados para financiar gastos políticos, posiblemente para la campaña presidencial de Peña Nieto, en 2012.

En su publicación, The Maker afirma que los empresarios israelíes Uri Emmanuel Ansbacher y Avishay Samuel Neriya entregaron 25 millones de dólares al ex mandatario.
Este acuerdo habría ocurrido durante su sexenio para la venta del software Pegasus, sistema de vigilancia desarrollado por la empresa israelí NSO Group.

SEDENA, PGR Y CISEN, SUS CLIENTES

En el periodo de 2012 a 2018, al menos tres agencias contrataron Pegasus: la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen). Las instituciones habrían usado el sistema para intervenir teléfonos de periodistas, activistas y hasta opositores políticos.

Es el software de vigilancia que está en la mira internacional. Fue desarrollado por NSO Group. Este software puede infiltrarse en smartphones con iOS o Android, extraer mensajes, fotos y otros datos, e incluso activar cámaras y micrófonos de forma remota.

En 2017, la portada del diario estadounidense New York Times reveló que el gobierno de Enrique Peña Nieto espió a un grupo de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas. La investigación de medios internacionales destapó en 2021 que, varios países intervinieron 50 mil teléfonos con el programa Pegasus, de los cuales, 15 mil casos fueron en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cifra más alta.

También se reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas; del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (en el sexenio 2018-2024), además de algunos de sus colaboradores, así como de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en el caso Ayotzinapa.

No obstante, en 2021, López Obrador afirmó que entre su gobierno y Pegasus no existía ninguna relación. «En la actualidad no hay ya contratos con estas empresas. Sí hay un servicio que tiene la Secretaría de la Defensa, como otras secretarías, Marina, para llevar a cabo labores de inteligencia», dijo el 3 de agosto de 2021.

OTROS ESCÁNDALOS

A lo largo de su gestión, Enrique Peña Nieto fue blanco de otras críticas, incluso otros supuestos casos de corrupción. Uno de ellos es de la llamada ‘Casa Blanca’, propiedad valuada en al menos siete millones de dólares, en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Caso, en el que también estuvo involucrada su ex esposa, Angélica Rivera.

A ello se suma la ‘estafa maestra’, uno de los fraudes con mayor eco en la historia de México, en el que supuestamente 11 dependencias federales fueron utilizadas para desviar millones de pesos durante su gobierno.

El caso Odebrecht fue uno de los últimos escándalos que marcó su administración. Entre 2010 y 2014, la empresa de construcción con origen en Brasil fue vinculada con pagos de millones de dólares para ganar contratos de obras públicas en México.

Peña Nieto también ha sido señalado por supuestos sobornos a Pemex, además, en los seis años que gobernó al país surgió uno de los episodios sin resolver que ha destapado la exigencia de la sociedad: la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

El ex mandatario también ha sido cuestionado por supuestos actos de corrupción en el fallido proyecto: Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), que en días recientes salió a defender.

El domingo 6 de julio, el expresidente Enrique Peña Nieto salió del ostracismo digital para negar rotundamente las acusaciones.

Aunque los documentos judiciales no mencionan directamente el nombre del expresidente, sí hacen referencia a un funcionario identificado con la letra “N”, mencionando fechas que coinciden con su mandato.

RESISTENCIA, CORRUPCIÓN Y LAVADO DE DINERO

Los periodistas Carmen Aristegui, Juan Omar Fierro y Sebastián Barragán retomaron las investigaciones sobre el software de espionaje Pegasus.

En sus investigaciones la organización Artículo 19 confirma una notable falta de acción por parte del sistema de justicia del Estado mexicano, que no ha sido capaz de procesar debidamente ni el mal uso de Pegasus ni la corrupción en su adquisición, aseguró Leopoldo Maldonado, su director.

Luis Fernando García, fundador de R3D, y Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, analizaron la nueva información en donde se destaca que “se hacen sugerencias de que los contratos estuvieron mediados por potenciales sobornos al presidente Peña Nieto”.

Indicó que esta información debería haber sido investigada desde hace tiempo, pero “ha habido muchas resistencias tanto durante el gobierno de Peña Nieto como el gobierno anterior y hasta en el actual para llevar a cabo una investigación diligente”.

Señaló que los documentos revelan posibles mecanismos de lavado de dinero a través de donativos a empresas u organizaciones israelíes. Además, destacó que se mencionan cuentas en Estados Unidos que podrían haber sido utilizadas para mover fondos, lo cual “potencialmente podría abrir la posibilidad de investigaciones en los Estados Unidos”.

“Sigue siendo información vigente. Si no es la justicia mexicana la que termine por esclarecer el asunto, no podemos decir que esté esclarecido de ninguna manera”, afirmó.

El fundador de R3D sostuvo que incluso durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se continuó con la contratación de estas herramientas de espionaje por parte del Ejército.
“Una de las empresas de este mismo conglomerado, Comercializadora Antsua, también habría sido utilizada para la adquisición de licencias de Pegasus ya en el gobierno de López Obrador”, aseguró. Agregó que esa tecnología fue usada para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos.

Finalmente, García subrayó que “las investigaciones informales que hemos hecho medios, organizaciones no gubernamentales e investigadores independientes han sido las que más han revelado”, y lamentó que instituciones con mayores recursos como la Unidad de Inteligencia Financiera no hayan actuado con mayor contundencia.

Maldonado explicó que Zeus, un informante anónimo, testificó ante una autoridad judicial en 2023 sobre la participación de la red de empresas KBH y su vínculo con altos funcionarios mexicanos. Detalló que el operador técnico de esta red, Juan Carlos Rivera, es la única persona acusada formalmente hasta el momento, y no era funcionario público.

De acuerdo con Maldonado, el testimonio de Zeus demuestra que los intermediarios en México “hacían trabajo sucio para altos funcionarios del gobierno mexicano”. Añadió que la misma fuente corroboró el espionaje cometido contra un integrante del gobierno de Peña Nieto, el doctor Manuel Mondragón.

Sobre la actuación de las autoridades mexicanas, el director de Artículo 19 señaló que el sistema de justicia del Estado mexicano no ha sido capaz de procesar debidamente ni el mal uso de Pegasus ni la corrupción en su adquisición. Afirmó que las investigaciones no han llegado a altos niveles de responsabilidad, ni siquiera en el caso de las denuncias interpuestas por las víctimas del espionaje durante el actual gobierno.


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