Un escenario de terror y presunta negligencia criminal ha sacudido a esta ciudad fronteriza. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua confirmó la cifra final de 381 cuerpos hallados en un crematorio al sur de la ciudad, un caso que la propia gobernadora Maru Campos calificó como “muy grave y de terror”.
El dantesco hallazgo se produjo la noche del jueves 26 de junio en la colonia Granjas Polo Gamboa. Una llamada al 911 alertó sobre un cadáver dentro de un vehículo funerario abandonado en la propiedad. Al llegar, la policía municipal no solo confirmó ese hecho, sino que al ingresar al inmueble se encontró con una escena grotesca: cientos de cuerpos embalsamados, apilados “como si fueran costales” en una pequeña casa de cinco o seis cuartos, sin refrigeración y en condiciones insalubres.
El fiscal general, César Jáuregui Moreno, describió el hecho como una “absoluta y total irresponsabilidad criminal” y un fraude contra cientos de familias que confiaron en el servicio. “Es un caso atroz, es inédito”, afirmó.
El Fraude: Cobraban por un Servicio que no Realizaban
Las primeras investigaciones revelan un esquema de engaño sistemático. El crematorio, identificado extraoficialmente como “Crematorio Plenitud”, era subcontratado por al menos seis funerarias de la ciudad para incinerar los cuerpos de personas fallecidas.
Según la Fiscalía, la empresa recogía los cuerpos y cobraba por el servicio, pero simplemente no lo realizaba. En su lugar, acumulaba los cadáveres, algunos de los cuales datan del año 2020. “Seguramente este caso va a causar inquietud en gente que acudió a las funerarias, solicitaron este servicio y muy probablemente no tengan en sus manos los restos de su familiar”, adelantó el fiscal.
Dos personas han sido detenidas por estos hechos: el dueño y un trabajador. Aunque la Fiscalía no ha revelado sus identidades, el Registro Nacional de Detenciones muestra el arresto de José Luis Arellano Cuarón, señalado como presunto propietario del lugar, el viernes 27 de junio.
De “Falta Administrativa” a “Negligencia Criminal”
Inicialmente, en una rueda de prensa el viernes, funcionarios de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) y el fiscal de la zona norte intentaron minimizar el caso, asegurando que el lugar operaba legalmente y que el acumulamiento se debía a una “capacidad limitada del horno”, calificándolo como una irregularidad administrativa.
Sin embargo, para el domingo la narrativa oficial había cambiado drásticamente ante la magnitud del hallazgo. El fiscal general, César Jáuregui, endureció el tono, señalando que se investigan delitos graves como fraude, violaciones a la ley de salubridad e inhumación clandestina, por el trato indigno a los cuerpos.
Un Desafío Forense y el Dolor de los Vecinos
Ahora, las autoridades enfrentan la titánica tarea de identificar cada uno de los 381 cuerpos. El proceso será lento y complejo, ya que el embalsamamiento dificulta la obtención de ADN y, según la Fiscalía, el crematorio también mantenía un “caos administrativo” en sus archivos.
Mientras tanto, vecinos del sector relataron a medios locales que llevaban años quejándose de olores fétidos. “Huele a carne quemada, a cabello quemado”, describió una residente. Afirman que el crematorio fue clausurado en 2020, durante la pandemia, pero reabrió al poco tiempo, y que incluso recibieron amenazas de un trabajador que se ostentaba como empleado de la Fiscalía.