En una decisión trascendental para el caso Ayotzinapa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) transparentar la investigación iniciada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Con una votación de cuatro votos contra uno, los ministros negaron los amparos que buscaban mantener el expediente en secreto y confirmaron una resolución previa del extinto INAI. La Corte respaldó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, cuyo argumento central es que, en casos de violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, el principio de máxima publicidad debe prevalecer sobre cualquier intento de clasificar la información como reservada.
La batalla legal para bloquear la publicación fue emprendida no solo por la FGR, sino también por tres presuntos miembros de «Guerreros Unidos», quienes pasaron de ser acusados en el sexenio anterior a convertirse en testigos colaboradores clave para la presente administración.
El caso tomó un giro trágico la semana pasada con el asesinato de uno de estos testigos, Patricio Reyes Landa, alias «El Pato», un hecho que subraya la peligrosidad que ellos mismos argumentaron en su amparo. Sostenían que hacer pública la carpeta los expondría a «riesgos de vida» y a daños irreparables.
Por su parte, la FGR alegó que la publicidad de la carpeta ponía en peligro la integridad de la investigación y la formulación de su teoría del caso.
Sin embargo, la Suprema Corte desestimó estos argumentos. Señaló que la orden no implica una apertura total e indiscriminada, sino la creación de una «versión pública» donde se deben testar (ocultar) los datos personales confidenciales para proteger a las víctimas y a terceros, logrando así un equilibrio entre el derecho a la verdad y la protección de datos.
Con esta resolución, la FGR está ahora obligada a publicar en su micrositio del Caso Iguala la versión pública de la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/OI-GRO/000804/2019, un paso que activistas y familiares de las víctimas han exigido por años en su búsqueda de justicia y transparencia.