La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se posicionó al frente de los esfuerzos para combatir la crisis de desapariciones en México al presentar una propuesta de reforma consolidada y lanzar un enérgico llamado al Congreso de la Unión para su pronta aprobación. «Estas reformas no son sólo de este Gobierno, reflejan los diálogos y, en muchos casos, los acuerdos con la mayoría de las familias», declaró Rodríguez, subrayando que es imperativo que todos los sectores de la sociedad cumplan con su parte para sanar una herida que «le duele a México».
El borrador final es el resultado de 84 mesas de trabajo realizadas entre abril y junio, en las que participaron 450 colectivos y se recabaron 570 propuestas ciudadanas. De acuerdo con la titular de Segob, el 61% de estas organizaciones (276 colectivos) ya han dado su aprobación a los cambios.
Los pilares de la nueva reforma
La propuesta integra modificaciones sustanciales organizadas en cinco ejes: búsqueda y seguridad, bienestar, identificación forense, plataformas de datos y prevención. Entre los cambios más significativos destacan:
Búsqueda inmediata y obligatoria: Se sancionará a toda autoridad que omita registrar un reporte de desaparición de forma inmediata y que no inicie la investigación correspondiente. Además, ya no se podrá condicionar el inicio de la búsqueda a la presentación de la CURP, protegiendo a migrantes, recién nacidos o personas de comunidades indígenas.
Identificación científica y digna: Se establece la obligación de realizar pruebas genéticas y dactiloscópicas a todos los cuerpos y restos humanos antes de ser enviados a fosas comunes. Asimismo, se refuerzan los estándares científicos en los análisis forenses.
Centralización de datos: Se creará una Plataforma Única de Identidad, segura y confiable, y se ampliará el acceso de las fiscalías a bases de datos clave del INE, salud, centros de adicciones y migración para facilitar la búsqueda e identificación, siempre bajo el control del Ministerio Público.
Protección y bienestar para las familias: Los protocolos de búsqueda deberán incluir planes de seguridad para los familiares, quienes a menudo enfrentan amenazas. Se implementarán también acciones de bienestar integral, con un énfasis especial en los hijos e hijas de personas desaparecidas.
Un diálogo no exento de controversia
A pesar de los avances presentados, el proceso no ha estado libre de críticas. Algunos colectivos inconformes han señalado que el diálogo fue una «simulación» y que solo se consideraron las propuestas de unas pocas plataformas.
Frente a estas acusaciones, Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, defendió la legitimidad del proceso. “No hay ninguna simulación. Esto todavía no está concluido, pero había que darle un término. Acordamos que era mejor cerrar esta parte para que la reforma pueda entrar al periodo extraordinario en el Congreso, pero no se termina aquí el diálogo”, aseguró.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, expresó su confianza en seguir sumando apoyos: «Esperamos lograr los consensos necesarios para que sean más quienes se sientan representados en esta reforma».
Como próximo paso, la Segob solicitará al Senado la emisión de la convocatoria para formar el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, un órgano compuesto por especialistas y familiares que vigilará de cerca el proceso legislativo y la implementación de la ley.