Con un panorama desolador que muestra un incremento del 360% en casos de depresión y del 284% en ansiedad en los últimos 20 años en México, el Congreso de la Ciudad de México se convirtió hoy en el epicentro del llamado a una reforma de gran calado para atender la crisis de salud mental que enfrenta la capital.
Durante la mesa de trabajo “Salud mental y adicciones”, la diputada Valeria Cruz Flores, presidenta de la Comisión de Salud, encendió las alarmas al revelar que, según datos de 2020, “siete de cada diez capitalinos tenían necesidad de atención en materia de salud mental, misma que no ha sido cubierta”. La urgencia, señaló, se refleja en las 14 iniciativas sobre el tema que ya han sido presentadas ante su comisión.
Entre las propuestas más destacadas, Amaya Ordorika Imaz, directora del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), planteó la creación de un nuevo “Capítulo de la Salud Mental y del Consumo Psicoactivas” dentro de la ley, así como la conformación de un solo y robusto Instituto de Salud Mental y Adicciones para la ciudad.
Por su parte, el legislador Pablo Trejo Pérez (PRD) abogó por armonizar la ley con la Constitución local, lo que implicaría establecer concejos de salud mental en las alcaldías, implementar un tamizaje universal en la población para la detección temprana y crear un capítulo específico para la prevención del suicidio.
El foro también arrojó luz sobre los desafíos y las perspectivas sociales del problema. Desde la Secretaría de las Mujeres, se enfatizó la necesidad de vincular la atención a la salud mental con la violencia de género y de crear centros de atención a las adicciones especializados para mujeres.
Sin embargo, el camino hacia un nuevo modelo no está libre de obstáculos. Alejandra Ivonne Amador Franco, de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, citó a la asociación civil Documenta para señalar los tres grandes retos: un enorme desafío presupuestal, la renuencia de muchos profesionales de la salud para abandonar el modelo biomédico tradicional en favor de uno comunitario, y la falta de mecanismos claros de rendición de cuentas.
Los expertos coincidieron en la necesidad de que la nueva legislación adopte un enfoque integral y transversal, homologando acciones con el gobierno federal y fortaleciendo las medidas preventivas desde la comunidad.