Con el objetivo de terminar con las prácticas de extorsión y apropiación indebida de las calles, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó hoy una contundente iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica. La propuesta, que será enviada al Congreso de la Ciudad de México para su discusión, contempla como sanción principal 36 horas de arresto inconmutable para quienes coaccionen o intimiden a los ciudadanos para obtener un pago por el uso de estacionamientos en la vía pública.
«En esta ciudad, el espacio público es un derecho, no es una mercancía ni debe ser un privilegio», afirmó Brugada durante la conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Sostuvo que la apropiación de las calles por parte de los conocidos «franeleros» o «viene-viene» rompe el principio de equidad y fomenta delitos como amenazas, robos y lesiones.
La reforma especifica en un nuevo artículo 28 bis tres infracciones clave: apartar lugares con objetos, obstaculizar el uso de un estacionamiento y, la más grave, exigir pagos mediante coacción. Esta última, calificada como infracción tipo F, será la que amerite el arresto obligatorio, sin posibilidad de ser sustituida por una multa económica o trabajo comunitario, debido a su vínculo con delitos penales como la extorsión y las amenazas.
Sin embargo, la mandataria capitalina subrayó que no se trata de una política meramente punitiva. La iniciativa viene acompañada de un programa social integral para atender las causas de fondo. A través de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STYFE), el gobierno dialogará con las personas que se dedican a esta actividad para ofrecerles alternativas de empleo formal y apoyos para emprendimientos productivos.
“Sí, aumento de sanciones, reformas, normas, pero por otro lado, tenemos que dar alternativas. No se trata de excluir, sino de incluir a todas las personas a un modelo de ciudad donde vivir con dignidad no dependa de la ilegalidad”, aseguró Brugada.
La medida se complementará con una campaña de concientización bajo el lema “el espacio público es de todas y todos”, para informar a la ciudadanía sobre sus derechos y las nuevas sanciones. Además, se facultará a los elementos de la policía para actuar de oficio ante casos de flagrancia, sin necesidad de una queja formal por parte del afectado, garantizando así una intervención inmediata.