La justicia cívica en la Ciudad de México está a un paso de una significativa modernización. La Comisión de Justicia Cívica y Defensoría Pública del Congreso local aprobó un dictamen clave que busca adicionar un párrafo al artículo 82 de la Ley de Cultura Cívica, con el fin de incorporar formalmente el uso de quejas virtuales como un mecanismo válido ante los Juzgados Cívicos.
Durante una sesión virtual, el diputado Mario Enrique Sánchez Flores (PAN), presidente de la comisión, destacó que esta adición, propuesta originalmente por su compañero de bancada Diego Orlando Garrido López, responde a la imperante necesidad de actualizar el marco legal y otorgar certeza jurídica al uso de plataformas digitales en los procesos cívicos.
La reforma tiene como objetivo principal facilitar a la ciudadanía la denuncia de infracciones cívicas comunes. Problemas como el ruido excesivo de vecinos, la obstrucción de entradas, la tenencia irresponsable de animales de compañía o el entorpecimiento del uso de la vía pública podrán ser reportados a través de herramientas digitales. Se espera que esto no solo agilice la respuesta de los juzgados cívicos, sino que también ahorre tiempo y esfuerzo a los denunciantes.
Según la iniciativa dictaminada, «con sólo unos clics, los usuarios podrán documentar los incidentes y ahorrar tiempo al no tener que acudir al juzgado cívico». Además, se subraya la garantía de que cada reporte será atendido y recibirá seguimiento por parte de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica.
La legisladora Iliana Ivón Sánchez Chávez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), expresó su respaldo a la medida, señalando la importancia de estas plataformas: “Es importante seguir impulsando estas plataformas digitales porque en ellas reside una oportunidad real de construir una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de los derechos de cada uno de sus habitantes”.
Con esta aprobación en comisiones, la iniciativa avanza hacia su discusión y eventual votación en el pleno del Congreso, lo que podría transformar la manera en que los ciudadanos interactúan con el sistema de justicia cívica en la capital del país.