De acuerdo con su conteo, la organización Somos Mx exige que la elección judicial sea anulada. Con una participación situada entre el 9 y el 11 por ciento, con irregularidades documentadas y un rechazo ciudadano, ampliamente, verificado, el proceso carece de legitimidad, sentencian sus promotores.
“No puede producir jueces ni ministros con autoridad democrática quienes han sido electos en un ejercicio marcado por el desinterés social, la coacción, el acarreo y la violación sistemática al carácter libre y secreto del sufragio”, indican en un pronunciamiento.
En conferencia de prensa, Somos Mx señaló que trabajan ya en un expediente jurídico que será presentado para impugnar y solicitar la nulidad formal del proceso. El argumento es claro: una jornada que movilizó apenas al 10 por ciento del electorado no puede ser reconocida como un mandato ciudadano.
Así lo confirman los estudios estadísticos presentados por el Frente Cívico Nacional durante el tercer corte informativo de la jornada: el primero, realizado en campo por Berumen sobre 96 secciones electorales, estimó una participación nacional de 11.9 por ciento. El segundo, elaborado por GEA-ISA mediante una encuesta telefónica nacional de 1,070 entrevistas, arrojó una estimación aún más baja: apenas 9.1 por ciento.
Somos Mx detectó también el uso de “acordeones” o listas preelaboradas, lo que viola el principio constitucional de voto libre y secreto. Se documentaron también casos de acarreo, propaganda oficial, coacción del voto y movilización operada desde gobiernos locales, alcaldías y estructuras federales.
La encuesta de GEA-ISA reveló que más de la mitad de la ciudadanía rechaza la reforma judicial y desconfía de sus motivos. La supuesta popularidad del régimen no se tradujo en respaldo ciudadano real. La abstención fue masiva y deliberada.
“El proceso no representa la voluntad popular. La ley exige respaldo ciudadano, no simulación organizada. Con 90 por ciento de abstención, el gobierno no puede hablar en nombre del pueblo mexicano”, afirmó Guadalupe Acosta Naranjo, vocero de la brigada, al subrayar que se solicitará formalmente la nulidad de la jornada.
La ciudadanía dio la espalda a una elección ilegítima desde su origen y no existe mandato democrático posible que surja de ese silencio abrumador de las urnas.
Frente a esta evidencia, Emilio Alvarez Icaza exigió al Instituto Nacional Electoral que actúe con plena autonomía, sin someterse a las presiones del régimen. También advirtió que no basta con garantizar la vigilancia durante los cómputos, sino que debe asegurarse la integridad de los paquetes en todo momento.
Alvarez Icaza planteó que ni la movilización forzada ni la entrega de beneficios bastaron para legitimar un proceso diseñado para someter al Poder Judicial. La pretensión de nombrar ministros y jueces a partir de este resultado no solo es antidemocrática, es jurídicamente insostenible.