En un movimiento estratégico en el complejo tablero judicial contra Genaro García Luna, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha decidido retirar, voluntariamente, su demanda civil ante la corte de Miami, Florida. Lejos de ser un revés, la acción busca abrir un periodo de negociación con los socios clave del exsecretario de Seguridad, sin comprometer la ya ganada sentencia multimillonaria en su contra.
La dependencia, encabezada por Pablo Gómez, aclaró que este recurso legal, conocido como «retiro voluntario sin perjuicio», es un paso procesal para formalizar un acuerdo con implicados como los empresarios Mauricio Samuel Weinberg y Jonathan Alexis Weinberg. Aunque el plazo original para negociar venció el 23 de mayo, esta figura permite a ambas partes extender el diálogo bajo la supervisión de la jueza Lisa Walsh, quien mantendrá jurisdicción sobre el caso.
El Gobierno Mexicano ha puesto un candado a esta estrategia: si no se concreta un acuerdo en un plazo de 30 días, la UIF podrá presentar nuevamente la demanda para continuar el juicio contra los cómplices hasta obtener una sentencia.
La sentencia histórica no se toca
La UIF fue enfática al señalar que esta maniobra legal no afecta de ninguna manera la sentencia ya dictada contra Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra. La semana pasada, un tribunal de Miami los condenó a pagar al gobierno mexicano la cifra de 2,488 millones 855 mil 216 dólares. Este monto equivale al triple del dinero público que, según la acusación, fue desviado a través de una red de contratos ilícitos otorgados a empresas vinculadas al exfuncionario durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Los socios, la pieza clave de la negociación
La demanda civil, iniciada por México en septiembre de 2021, detalla cómo los empresarios Weinberg, junto a Natan Wancier Taub, utilizaron su empresa Nunvav Inc. para obtener contratos millonarios de la Policía Federal y del sistema penitenciario a cambio de sobornos.
Según sus propias declaraciones ante la Fiscalía General de la República (FGR) —a cambio de un criterio de oportunidad para evitar la cárcel—, los empresarios admitieron haber entregado a García Luna y a su subsecretario, José Francisco Niembro González, dinero, bienes inmuebles y otros favores. Entre los pagos se detallan transferencias por casi 10 millones de dólares a las consultoras que García Luna fundó en EE. UU. tras dejar su cargo, y la entrega de una casa de casi 2 millones de dólares en Aventura, Florida, a Niembro.
Es importante distinguir que este litigio civil en Florida por corrupción y desvío de fondos es independiente del juicio penal que se llevó a cabo en Brooklyn, Nueva York, donde García Luna fue declarado culpable de narcotráfico y de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa. La estrategia de la UIF se centra exclusivamente en recuperar los activos desviados del erario mexicano.