Tlaxcala, Tlax., 17 de enero del 2025.
En un pronunciamiento contundente, la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) rechazó categóricamente la iniciativa presentada por la diputada Lorena Ruiz García, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que busca tipificar como delito la difusión indebida de imágenes relacionadas con procesos penales. La organización calificó esta propuesta como un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho humano a la información, ambos consagrados en la Constitución de México y del Estado de Tlaxcala.
De ser aprobada, esta iniciativa sancionaría con multas económicas y hasta penas de cárcel a periodistas, servidores públicos, creadores de contenido digital y representantes de medios de comunicación que revelen información o evidencias de hechos delictivos o procesos penales. Para la UPET, esta medida no solo carece de un fundamento sólido, sino que también representaría un grave retroceso en la labor periodística, al intentar blindar temas de interés público bajo el pretexto de regular la información.
La UPET señaló que esta propuesta recuerda a la polémica Ley Ingrid, aprobada en 2022, que impone sanciones a quienes difundan material relacionado con víctimas de delitos. Sin embargo, advirtió que la iniciativa de Lorena Ruiz García va más allá al pretender censurar investigaciones y evidencias, lo que amenaza directamente el ejercicio de la prensa libre.
“No permitiremos que se impida el desempeño de nuestra labor periodística ni que se silencie la voz de los ciudadanos a través de una ‘Ley Mordaza’. Exigimos al Congreso del Estado desechar esta propuesta, que atenta contra los principios democráticos y el derecho a la información que toda sociedad merece”, sentenció la UPET.
Con este llamado, la UPET reafirma su compromiso de proteger la libertad de expresión y advierte que estará vigilante ante cualquier intento de limitar el ejercicio del periodismo en Tlaxcala.
La iniciativa propuesta por la diputada Lorena Ruiz García busca convertir en delito el acto de compartir imágenes, videos, audios, documentos u otras pruebas relacionadas con casos de delitos o juicios. Esto incluye a periodistas, servidores públicos, creadores de contenido y medios de comunicación.
De aprobarse, quienes difundan este tipo de material podrían enfrentar multas económicas o incluso ir a la cárcel.
El objetivo, según la legisladora, sería proteger la privacidad de las víctimas y evitar filtraciones indebidas. Sin embargo, organizaciones como la UPET consideran que esta propuesta puede ser peligrosa porque limitaría la libertad de prensa y dificultaría que el público conozca información importante sobre temas de interés general.
En resumen, la iniciativa busca regular cómo se comparte información sobre delitos y juicios, pero podría terminar afectando el trabajo de periodistas y el derecho de la ciudadanía a estar informada.