El Comisario de Seguridad Pública Municipal de Salamanca, Andrés Ramírez Hernández, perdió la vida tras un ataque armado registrado la tarde del jueves 16 de enero en el acceso al fraccionamiento Residencial Galerías. Con su muerte, ya son dos los elementos de seguridad asesinados en Guanajuato durante 2025, mientras que en los últimos siete años se contabilizan 449, según datos de la organización Causa en Común.
El ataque ocurrió alrededor de las 6:00 p.m. cuando el comisario regresaba a su hogar después de su jornada laboral. Ramírez viajaba en su vehículo particular blanco sobre la calle Leona Vicario cuando fue interceptado y baleado.
Al lugar llegaron elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron su fallecimiento tras revisar sus signos vitales. La zona fue acordonada por la policía municipal, agentes viales y personal del Ejército Mexicano, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las primeras investigaciones.
Una trayectoria interrumpida por la violencia
Andrés Ramírez fue nombrado comisario de Seguridad Pública en Salamanca en 2020, durante la administración de la entonces presidenta municipal Beatriz Hernández Cruz. En 2023, con el respaldo del actual alcalde César Prieto Gallardo, fue propuesto para ocupar la dirección de Seguridad Pública; sin embargo, al no cumplir con ciertos requisitos administrativos, continuó al frente de la comisaría.
Horas antes de su asesinato, Ramírez participó en un evento conmemorativo del aniversario de Salamanca, demostrando su compromiso con la seguridad del municipio hasta el último momento.
Guanajuato: el estado más letal para policías
El asesinato de Andrés Ramírez se suma al de un comandante de la Policía Municipal de Guanajuato capital, ocurrido apenas el pasado 9 de enero, quien fue el primer policía caído de este año. Durante 2024, Guanajuato ocupó el primer lugar nacional en homicidios de policías, con un total de 68 casos.
La creciente violencia contra elementos de seguridad pone en evidencia la crítica situación de inseguridad en el estado, mientras las autoridades y la ciudadanía exigen medidas más contundentes para proteger a quienes arriesgan su vida por salvaguardar la seguridad pública.