En una histórica y polémica decisión, el Senado aprobó este martes con 94 votos a favor la reforma al artículo 19 de la Constitución, ampliando los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa para incluir la extorsión y el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas. La medida fue respaldada por la mayoría de Morena y aliados, así como por siete senadores del PAN, desatando un intenso debate sobre derechos humanos y justicia penal en México.
El morenista Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, celebró el dictamen como un golpe contra la impunidad: “Cerramos las puertas al abuso y protegemos a las víctimas”, afirmó. Sin embargo, voces de la oposición, como Ricardo Anaya y la emecista Alejandra Barrales, arremetieron contra la reforma, calificándola de autoritaria y violatoria de derechos humanos.
La senadora priista Claudia Anaya advirtió que incluir estos delitos en el catálogo no resolverá el problema, pues la extorsión sigue operando desde los propios centros penitenciarios. Por su parte, Carolina Viggiano señaló que la medida aumentará el número de personas encarceladas sin sentencia, mientras que Francisco Ramírez Acuña del PAN, denunció que la reforma revive prácticas del viejo sistema penal inquisitorio.
✅ Con el objetivo de reforzar el combate contra la extorsión, los delitos relacionados con drogas sintéticas, la falsificación de comprobantes fiscales y otros crímenes, el Senado aprobó una reforma constitucional para establecer prisión preventiva en estos crímenes. pic.twitter.com/k87mgkd9iN
— Senado de México (@senadomexicano) November 28, 2024
Entre los delitos añadidos destacan el desvío y tráfico de precursores químicos y drogas sintéticas, medidas que, según el morenista Enrique Inzunza, buscan desmantelar las redes criminales que operan en el país.
La reforma, aprobada tras más de seis horas de discusión, ahora pasa a los Congresos locales para su ratificación, en medio de un clima de tensión por su impacto en los derechos humanos y la justicia en México.