Ciudad de México, 16 de octubre de 2024– Con la firma del decreto por la presidenta Claudia Sheinbaum para otorgar prestaciones de ley a los repartidores de plataformas digitales, México da un paso hacia el reconocimiento laboral de un sector que ha crecido exponencialmente desde la llegada de las primeras aplicaciones en 2012. Este sector, que abarca a aproximadamente 658 mil personas, ha transformado la economía mexicana, ofreciendo tanto oportunidades de ingreso como desafíos en términos de derechos laborales.
Desde su inception, plataformas como Rappi, Didi Food, y Uber Eats han sido un motor de empleo autónomo, incrementando en un 150% el trabajo por cuenta propia, según estudios previos. Este aumento ha sido acompañado por un crecimiento en los ingresos de los repartidores, que han visto un aumento del 117% desde 2012, superando el incremento salarial promedio del país.
Sin embargo, la flexibilidad que tanto valoran estos trabajadores podría verse alterada con las nuevas regulaciones. La comunidad de repartidores, representada por grupos como Repartidores Unidos de México (RUM), ha manifestado su apoyo a la seguridad social, pero no a costa de perder su independencia. La preocupación principal radica en cómo estas reformas podrían incidir en su modus operandi, caracterizado por la libertad de decidir sus horarios y la cantidad de plataformas con las que desean trabajar.
El nuevo decreto busca integrar a estos trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), asegurando beneficios como seguro de enfermedad, maternidad, invalidez, y eventualmente, jubilación. Este cambio no solo representa un reto logístico y económico para las empresas detrás de las apps, sino que también obliga a una redefinición del modelo de negocio que hasta ahora se basaba en la consideración de estos trabajadores como «socios» más que como empleados.
Estamos en un momento crucial para definir el futuro del trabajo en la era digital en México,» comenta Laura García, analista de políticas laborales. «La clave está en encontrar un equilibrio donde la protección social no se convierta en una barrera para el emprendimiento personal que estas plataformas facilitan.»
Por otro lado, las plataformas argumentan que la formalización podría llevar a un aumento en los costos operativos, potencialmente traduciéndose en menores ingresos para los repartidores o mayores costos para los consumidores. Estas empresas proponen en cambio la creación de un modelo híbrido, donde se puedan mantener los beneficios de la flexibilidad laboral junto con algunos derechos laborales.
En las calles, los repartidores tienen opiniones divididas. Mientras algunos ven con optimismo la posibilidad de tener seguridad social y pensión, otros temen que la regulación rigidice lo que hasta ahora ha sido un modelo de trabajo innovador y accesible.
El debate sigue abierto, y mientras la Secretaría del Trabajo y Previsión Social trabaja en los detalles de cómo implementar esta reforma, la sociedad mexicana observa atenta, consciente de que el resultado podría sentar un precedente global sobre cómo los países pueden abordar el trabajo en la economía digital.
Este movimiento hacia la regulación podría ser el principio de una nueva era laboral en México, donde la tecnología y los derechos del trabajador buscan coexistir en armonía.