La reforma al Poder Judicial impulsada por Morena aún no es definitiva y corre el riesgo de ser anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtió Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN). Según el líder panista, el proceso legislativo que dio pie a la reforma fue un desaseo total, comprometiendo la división de poderes, el Estado de Derecho y la democracia en México.
Cortés señaló que la SCJN tiene en sus manos varios recursos que podrían echar abajo la reforma, entre ellos amparos con suspensiones definitivas, una controversia constitucional presentada por el Gobierno de Guanajuato y diversos ayuntamientos, así como una acción de inconstitucionalidad promovida por el PAN. Según el dirigente, el procedimiento no solo fue irregular, sino que la reforma afecta gravemente los derechos progresivos, las garantías individuales y compromisos internacionales de México, especialmente en el ámbito de los derechos humanos.
“El proceso para designar jueces y magistrados mediante una tómbola es un atropello. No se puede realizar una elección seria bajo estas condiciones, con amparos vigentes y acciones legales aún por resolver. Decidir qué cargos serán votados en 2025 y cuáles en 2027 mediante sorteo demuestra la falta de reglas claras y transparencia”, subrayó Cortés.
En su crítica, el líder panista condenó lo que describió como un “procedimiento aberrante”, implementado durante una sesión del Congreso, donde se utilizó una tómbola para determinar el futuro de la justicia en el país. Señaló que ya se han admitido diversas acciones legales que cuestionan la constitucionalidad de la reforma, y advirtió que el gobierno está vulnerando la división de poderes y el orden jurídico al proceder de esta manera.
Cortés también recordó que presentó una acción de inconstitucionalidad la semana pasada, en la que se impugna una serie de violaciones al proceso legislativo, como la falta de cumplimiento de suspensiones dictadas por jueces, irregularidades en la identificación de los participantes durante las votaciones y la instalación ilegal de órganos en el Senado. Además, denunció la falta de un parlamento abierto y de deliberación efectiva, que debió garantizar la libre determinación de las comunidades indígenas y un diálogo adecuado con los integrantes del Poder Judicial.
Uno de los puntos más polémicos, destacó Cortés, es la decisión del Consejo de la Judicatura de entregar las listas de jueces que serán sometidos a votación popular en 2025, pese a que existen más de 70 suspensiones vigentes. Esto, según el dirigente, pone en grave riesgo la legalidad del proceso.
Finalmente, lanzó una pregunta al partido gobernante y a la presidenta Claudia Sheinbaum: “Si la Corte tumba la reforma, ¿van a aceptar el fallo o intentarán imponerla por la fuerza?”. Cortés advirtió que desconocer al Poder Judicial, como ya lo hicieron con los trabajadores de este sector al no escuchar sus demandas, traería consecuencias desastrosas para México, generando un choque de poderes y una crisis institucional sin precedentes.
Con estas declaraciones, el líder panista marca una clara postura en contra de la reforma y pone sobre la mesa la incertidumbre sobre el futuro del sistema judicial en México.