San Lázaro, 17 de septiembre de 2024 – En una sesión histórica, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 492 votos a favor, la reforma al artículo 2 de la Constitución que otorga reconocimiento oficial a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esta reforma representa un paso decisivo hacia la plena inclusión y el respeto por la diversidad cultural en México.
#ÚltimaHora | Con 492 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones aprueba el Pleno el dictamen que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pueblos y #comunidadesindígenas y #afromexicanos. pic.twitter.com/kq1PO4eoN5
— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 18, 2024
La reforma, impulsada por la iniciativa presidencial, tiene como objetivo fundamental reconocer la composición pluricultural y multiétnica de la nación mexicana, subrayando que su origen radica en los pueblos indígenas. Este reconocimiento se traduce en la elevación a rango constitucional del derecho de las comunidades a una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, garantizando su participación en decisiones legislativas y administrativas que puedan afectar su vida y entorno.
Entre las principales modificaciones, se fortalece el reconocimiento de los sistemas normativos de los pueblos indígenas, permitiéndoles decidir sus formas de gobierno, elegir autoridades y resolver conflictos internos. También se refuerza el apoyo a la promoción de lenguas indígenas y la práctica de la medicina tradicional.
En cuanto al acceso a la justicia, la reforma exige a las instituciones jurisdiccionales garantizar que las personas indígenas reciban asistencia y asesoría especializada, incluyendo intérpretes y peritos con conocimientos en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural.
La diputada Irma Juan Carlos, de Morena, destacó que el corazón de la reforma es el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.
Se reconoce así su capacidad para tomar decisiones colectivas sobre su destino, administrar recursos, ejecutar obras comunitarias y participar en la vida pública con pleno respeto a sus culturas y sistemas normativos”, afirmó.
Por otro lado, la diputada Genoveva Huerta, del PAN, señaló que la deuda con los pueblos originarios no solo no se ha saldado, sino que se ha incrementado.
En México viven 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, que en conjunto representan más de 25 millones de personas. Al inicio de este gobierno, poco más de 10 millones enfrentaban carencias en educación, salud, vivienda, seguridad social y alimentación, cifra que ha aumentado a más de 11 millones en cuatro años”, explicó.
La aprobación de esta reforma marca un hito en el reconocimiento y la justicia para las comunidades indígenas y afromexicanas, reflejando un compromiso con su autonomía y derecho a decidir sobre su propio futuro.