La Suprema Corte de Estados Unidos ha emitido un fallo trascendental otorgando inmunidad “absoluta” al ex presidente Donald Trump por actos oficiales realizados durante su mandato, excluyendo aquellos considerados no oficiales.
En una decisión histórica, la Suprema Corte, con una votación de 6-3, determinó que la naturaleza del poder presidencial requiere que un ex presidente tenga inmunidad frente a procesos penales por actos oficiales realizados durante su mandato. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, destacó que “la inmunidad debe ser absoluta” respecto a los principales poderes constitucionales del presidente.
Sin embargo, Roberts subrayó que no todos los actos del presidente son oficiales, y que “el Presidente no está por encima de la ley”. Este fallo implica que Trump podría reclamar inmunidad penal por algunas acciones realizadas en los últimos días de su presidencia, lo que retrasará aún más el juicio por cargos federales de subversión electoral pendientes en su contra.
La decisión del tribunal ha generado una intensa controversia. La juez Sonia Sotomayor expresó su firme desacuerdo, afirmando que esta inmunidad absoluta podría permitir al presidente “violar la ley” y utilizar su poder para “fines perversos”. Sotomayor advirtió que esta decisión podría cambiar irrevocablemente la relación entre el presidente y el pueblo estadounidense.
Este caso se originó en un tribunal federal de Washington D.C., donde un gran jurado imputó a Trump en agosto de 2023 por intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 e instigar el asalto al Capitolio de enero de 2021. La defensa de Trump solicitó la anulación del juicio alegando inmunidad presidencial, petición que fue desestimada tanto por la jueza encargada del caso como por una corte de apelaciones, lo que llevó a Trump a apelar al Supremo.
Históricamente, los presidentes en activo de Estados Unidos han gozado de inmunidad absoluta frente a procesos judiciales relacionados con sus funciones para evitar una violación a la separación de poderes. La defensa de Trump argumenta que esta inmunidad debe extenderse a ex presidentes, mientras que la Fiscalía sostiene que nadie, incluido el ex presidente, está por encima de la ley.
Esta decisión podría influir en otros casos que enfrenta Trump, como sus intentos de invalidar los resultados electorales en Georgia y la acusación de almacenamiento ilegal de material clasificado en su residencia de Mar-a-Lago.