El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha programado una sesión el próximo 23 de septiembre para dar inicio formal al proceso extraordinario de elección de jueces, magistrados y ministros, en el marco de la Reforma al Poder Judicial. Este proceso marcará un cambio sin precedentes en el sistema electoral mexicano, ya que será la primera vez que se elijan estos cargos a través de una votación popular.
Durante la sesión, se instalará la comisión temporal encargada de dar seguimiento al proceso electivo del Poder Judicial. Además, se emitirá la declaratoria oficial del inicio del proceso electoral y se instruirá a las áreas operativas del INE para que comiencen los trabajos necesarios, incluyendo la creación del marco geográfico electoral y la planificación del calendario de actividades.
Uno de los retos que enfrenta el INE es la falta de presupuesto, ya que esta elección no fue contemplada en el presupuesto del año pasado. Sin embargo, el instituto confía en que se podrán incluir los recursos necesarios en el presupuesto de 2025.
Un aspecto clave del proceso será definir una nueva cartografía electoral, ya que las áreas de adscripción de jueces y magistrados no están organizadas bajo los criterios tradicionales de representación popular. La presidenta del INE destacó la importancia de colaborar con el Poder Judicial y el Congreso para obtener la información necesaria que permita establecer los distritos adecuados.
El mayor desafío, según la presidenta, será mantener la confianza de los ciudadanos en el INE, asegurando que los estándares de calidad se mantengan en todo el proceso, a pesar de las dificultades operativas que conlleva este nuevo reto constitucional.
#ELDATO | El Consejo General del INE sesionará el 23 de septiembre para dar inicio formal al proceso extraordinario 2025 para elegir jueces, magistrados y ministros de acuerdo con la #ReformaAlPoderJudicial pic.twitter.com/fHKJedbGcV
— Azucena Uresti (@azucenau) September 20, 2024
Este proceso extraordinario será observado de cerca por la ciudadanía y las instituciones, ya que su desarrollo podría sentar un precedente en el sistema democrático y judicial del país.