El senador de Morena, Javier Corral Jurado, puso sobre la mesa la urgencia de evaluar y corregir la reciente reforma judicial, tras admitir que el nuevo modelo de elección de juzgadores presenta fallas críticas. Para evitar mayores afectaciones al sistema de justicia, el legislador planteó la posibilidad de posponer la segunda elección judicial hasta el año 2028.
Corral Jurado sostuvo que, aunque la reforma significa un cambio estructural profundo, su viabilidad depende de garantizar la selección de perfiles con verdadera independencia y experiencia técnica. De acuerdo con el senador y diversos especialistas, el primer ejercicio democrático dejó al descubierto graves deficiencias estructurales:
Captura partidista: La intromisión de gobernadores, intereses políticos y poder económico ha desplazado a la meritocracia.
Voto inducido: La complejidad del proceso orilló a los ciudadanos a utilizar “acordeones”, favoreciendo a perfiles ligados a partidos políticos.
Falta de experiencia: Se ha detectado que diversos jueces, magistrados y ministros recién electos carecen de una trayectoria jurisdiccional sólida.
Riesgo internacional: Organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han advertido que este esquema vulnera la imparcialidad del Poder Judicial y genera incertidumbre para las inversiones.
El caso Chihuahua: Acusan impunidad y justicia selectiva
Mientras en la tribuna se debate la viabilidad de la reforma, en la práctica, los vicios del sistema de justicia siguen cobrando facturas. Un grupo de denunciantes acudió al Senado de la República para solicitar, bajo condición de anonimato, una revisión urgente del Poder Judicial en Chihuahua, donde acusan la operación de una red de corrupción.
Como caso emblemático, expusieron la liberación de Fernando Ramírez Gutiérrez (hermano del diputado Guillermo Ramírez), quien enfrentaba cargos por tentativa de homicidio contra el ganadero Eloy Soto Payán. Los quejosos señalaron que la magistrada María Elizabeth Macías Márquez revocó el auto de vinculación a proceso en una decisión altamente cuestionable.
A cambio de favores, la CIA se ha metido hasta la cocina en Chihuahua. Algunos medios, los menos, han registrado distintos hechos que alumbran la subordinación estatal. Comparto la charla más reciente con @HernanGomezB pic.twitter.com/2sSXnpNith
— Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) May 1, 2026
Los denunciantes revelaron un presunto entramado de irregularidades operado desde las entrañas de la fiscalía y los tribunales estatales. En esta red señalaron directamente a Heliodoro Araiza, fiscal de la zona centro, acusándolo de litigar expedientes desde un despacho alterno en complicidad con María Angélica Giner, titular de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, quien presuntamente ejerce presión extrajudicial contra los imputados.
El escándalo también salpica al magistrado Gerardo Acosta, acusado de emitir resoluciones sesgadas, y a la fiscal Karen Ivette Estrada, señalada por tergiversar audiencias. Finalmente, apuntaron a Leo Luna, jefe de la Unidad del Sistema Penal Acusatorio, de intervenir junto al magistrado Acosta en la asignación de casos para garantizar una “justicia selectiva”.
Los inconformes exigieron la intervención inmediata de las autoridades federales para desmantelar esta presunta red que mantiene en la indefensión a ciudadanos inocentes.
Redactado por: Víctor Mayen