Fotografía: La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional.
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La trágica muerte de dos agentes instructores de la Embajada de Estados Unidos y dos altos mandos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en la Sierra Tarahumara ha destapado una profunda crisis de coordinación. El fatal accidente automovilístico no solo evidenció que el Gobierno Federal operaba a ciegas respecto a la presencia de elementos extranjeros en el país, sino que obligó a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a dar un giro radical en sus declaraciones, cayendo en evidentes contradicciones sobre el papel real de los estadounidenses.

El punto ciego de la Federación

La controversia estalló la mañana de este lunes cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló en su conferencia matutina que el gabinete de seguridad federal no tenía absolutamente ningún conocimiento sobre el despliegue de personal estadounidense en Chihuahua.

En un tono firme, la mandataria cuestionó el actuar del gobierno estatal (encabezado por Maru Campos) y advirtió que se revisará exhaustivamente si existió una violación a la Ley de Seguridad Nacional. “La relación es federal, no es estatal. Ellos tienen que tener autorización de la Federación para esta colaboración. No estábamos enterados, no hay operaciones conjuntas en tierra ni en aire”, sentenció la jefa del Ejecutivo, quien adelantó que pedirá explicaciones formales al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson.

Las contradicciones de la Fiscalía estatal

El reclamo presidencial provocó una inmediata reacción en cadena en Chihuahua, dejando expuestas las inconsistencias de las autoridades locales. El domingo, horas después del siniestro, el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, informó a través de una rueda de prensa y comunicados oficiales que los agentes de la AEI y los oficiales estadounidenses fallecieron “cuando regresaban del operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos”.

Sin embargo, tras la reprimenda pública de Sheinbaum este lunes, la Fiscalía ofreció una «nueva versión» de los hechos, deslindando por completo a los extranjeros del megadecomiso.

Buscando alinear su discurso con el de la Federación, Jáuregui Moreno declaró: “La Presidenta tiene razón, jamás se informó que hubiera participación de agentes norteamericanos en el operativo, porque no había agentes norteamericanos en el operativo”.

En esta segunda narrativa, el fiscal argumentó que los estadounidenses se encontraban en la comunidad de Polanco —a unas ocho o nueve horas del narcolaboratorio— impartiendo una capacitación sobre el manejo de drones. Según esta nueva explicación, los extranjeros simplemente tenían un vuelo programado el domingo por la mañana y «pidieron un raite» (colaboración para trasladarse) al convoy del director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, subiéndose al vehículo poco antes de despeñarse por un barranco a las 2:00 de la madrugada.

El contexto del megadecomiso

Las inconsistencias discursivas opacan el que ha sido calificado como uno de los golpes más grandes al crimen organizado en tiempos recientes. Entre el 17 y 18 de abril, aproximadamente 80 elementos (40 de la AEI y 40 de la Sedena) desmantelaron seis laboratorios de metanfetaminas en una extensión de 850 metros cuadrados en el municipio de Morelos. Las instalaciones, presuntamente operadas por el Cártel de Sinaloa, albergaban toneladas de químicos, 17 hornos y casi 200 cilindros de gas.

Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) asume la investigación por la magnitud del decomiso, el frente diplomático se mantiene tenso. El embajador estadounidense, Ronald Johnson, se limitó a lamentar el deceso de sus connacionales, recordando los riesgos de quienes enfrentan el narcotráfico, pero sin aclarar bajo qué protocolos específicos operaban los agentes caídos en la sierra chihuahuense.

CRÉDITOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN:

Nota editorial: Los autores mencionados a continuación no son los redactores de esta nota, sino las fuentes periodísticas de donde se obtuvo, contrastó y verificó la información expuesta:
La Jornada (Emir Olivares y Alonso Urrutia); El Universal (Paola Gamboa y Alejandra Ortiz); La Silla Rota (Laura Ponce y Karla Alva); El Independiente; Proceso (Patricia Mayorga); El País (Micaela Varela); CNN Español (Gonzalo Zegarra); The New York Times (Paulin Villegas) y comunicados de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.


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