Fotografía: La familia acusa a las autoridades de Cuajimalpa de ocultar evidencia clave, romper la cadena de custodia y proteger al principal sospechoso.
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Ana Febe Rojas Vega, de 28 años, era una joven con sueños, egresada del CCH Naucalpan y de la licenciatura en Pedagogía por la FES Acatlán de la UNAM; una mujer que alzaba la voz por las víctimas de violencia. Hoy, su familia libra una intensa batalla legal y mediática para evitar que su feminicidio, ocurrido el pasado 24 de marzo de 2026, quede en la impunidad frente a lo que denuncian como un claro encubrimiento institucional.

A través de una serie de testimonios en video, difundidos ampliamente con el respaldo de plataformas y colectivas como Werwomenonfire y Justiciaparafebe, la hermana de la víctima ha expuesto una cadena de graves irregularidades en la investigación que apuntan a proteger al presunto feminicida: su esposo, Christian Felipe Hernández Ramos.

De acuerdo con las declaraciones, Ana Febe vivía un ciclo de violencia doméstica, aislamiento y agresiones físicas. Pese a haber confiado esta situación a sus padres, el temor a represalias le impidió proceder legalmente. El día de su muerte, la escena del crimen presentaba evidentes signos de violencia; sin embargo, las autoridades intentaron atribuir el deceso a causas distintas.

Irregularidades, amenazas y omisiones

La familia denuncia que el Ministerio Público de Cuajimalpa ha entorpecido el proceso. Pese a tratarse de un asesinato violento de una mujer, la Fiscalía de Feminicidios ordenó que la carpeta permaneciera en dicha demarcación, donde, acusan, no se han respetado los protocolos, se rompió la cadena de custodia y se ocultó evidencia. Un dato alarmante es la desaparición del teléfono celular de Ana Febe, el cual registró conexión en WhatsApp horas después de que le arrebataran la vida.

La situación ha escalado a un nivel de riesgo para los deudos. La hermana de la víctima responsabilizó directamente al sospechoso, a su familia, a su congregación y a un servidor público presuntamente involucrado en alterar los hechos. Además, reveló que un familiar de Christian «N», con antecedentes penales en el Reclusorio Norte, la agredió físicamente durante el funeral de Ana Febe.

Ante estas amenazas, y tras confirmar omisiones por parte de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha intervenido para abrir una carpeta de protección a favor de la familia.

Las exigencias de justicia

Con el acompañamiento legal gestionado por maestras y alumnas de la FES Acatlán, quienes detectaron las inconsistencias del caso, la familia ha lanzado un pliego petitorio urgente a las autoridades capitalinas:

Atención especializada: Que la Fiscalía de Feminicidios atraiga y dé seguimiento puntual al caso, sancionando los protocolos incumplidos.

Transparencia: Entrega inmediata, sin más retrasos, de la copia de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía de Cuajimalpa.

Claridad pericial: Rendición de cuentas sobre el peritaje inicial y la realización de una segunda evaluación forense a más tardar la próxima semana.

Detención inmediata: Captura del principal sospechoso, Christian Felipe Hernández Ramos.

Vigilancia institucional: Que la CNDH mantenga el seguimiento de la queja presentada por las fallas al debido proceso.

«No me pueden hacer creer que este no fue un acto premeditado y que hubo más de un involucrado tratando de esconder evidencia», sentenció la hermana de la joven. Mientras las autoridades guardan silencio, el eco en redes sociales y la presión mediática crecen para exigir que la muerte de Ana Febe, la mujer que alzaba la voz por todas, encuentre verdadera justicia.


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