En su calidad de integrante del Constituyente Permanente, el Congreso de la Ciudad de México aprobó este jueves por unanimidad la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Artículo 127 de la Constitución Política Federal. Con 46 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los legisladores avalaron establecer límites estrictos a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas, poniendo fin a las llamadas “pensiones doradas”.
El consenso en el tablero de votación no evitó el debate en tribuna, donde representantes de las distintas fuerzas políticas razonaron su voto, coincidiendo en el fondo de la reforma, pero marcando matices sobre su ejecución y el panorama a futuro.
El argumento de la austeridad y justicia social
Desde el bloque mayoritario, la reforma fue celebrada como un acto para erradicar privilegios históricos. Xóchitl Bravo Espinosa, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, fue contundente al señalar que los puestos públicos son responsabilidades frente a la nación y no una vía para asegurar ingresos vitalicios desproporcionados. “No más pensiones de un millón de pesos mensuales; no más jubilaciones pagadas por el pueblo”, sentenció.
En la misma línea, la diputada Elvia Estrada Barba (PVEM) contrastó la realidad de la mayoría de los jubilados en México, quienes deben «estirar el dinero» para cubrir necesidades básicas, frente a los retiros del sector público. Por su parte, Ernesto Villarreal Cantú, coordinador del PT, atribuyó esta disparidad a distorsiones generadas en administraciones pasadas, donde «unos cuantos accedían a beneficios desproporcionados de cientos de miles y hasta de millones de pesos al mes».
️️#CongresoCDMX avala fin de “pensiones doradas”.
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— Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) March 26, 2026
Incertidumbre jurídica y la brecha generacional
A pesar de votar a favor de la iniciativa, los partidos de oposición expresaron reservas sobre los efectos colaterales de la medida.
Patricia Urriza Arellano, legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), destacó que si bien están a favor de topar pensiones que superan hasta en 149 veces el promedio nacional, la propuesta ignora el esquema de justicia intergeneracional. “Mi generación trabaja hoy para pagar las pensiones de las generaciones que nos antecedieron, pero no tenemos asegurado cómo se van a financiar nuestras pensiones, ni siquiera tenemos asegurado si nos vamos a pensionar”, advirtió.
Finalmente, Omar García Loria, vicecoordinador del PRI, reconoció la validez de la exigencia ciudadana por mayor austeridad, pero alertó sobre el riesgo de modificar acuerdos previos. Subrayó que el objetivo de ajustar los excesos debe lograrse “sin destruir la certeza jurídica, sin pisotear derechos adquiridos y sin abrir la puerta a conflictos constitucionales”.
Con esta aprobación, el Congreso capitalino se suma al aval nacional necesario para que la reforma constitucional en materia de topes de jubilación sea promulgada y entre en vigor, reconfigurando el esquema de retiros en la administración pública federal y local.
Redactada por: Alfredo Vázquez