«Imagina que rentas con roomies, cooperan para comprar un refri y, de repente, uno decide rentárselo a los vecinos sin avisar, y encima te cobra por sacar tu propio topper. Suena sin sentido, pero eso está pasando en nuestra ciudad y con nuestros impuestos».
Con esta cruda y viral analogía, el analista y creador de contenido conocido como «Tlacuache Barbudo» evidenció la indignación ciudadana detrás del conflicto en el Parque Lira. La alcaldía Miguel Hidalgo había concesionado el 90% de este espacio público a la empresa española Let’s Go Company (Beste Templen) para el espectáculo inmersivo “Alicia en el País de las Maravillas”, un evento que imponía una barrera de pago de 400 pesos por persona, volviéndolo inaccesible para el 70% de las familias mexicanas.
El reclamo vecinal, que denunció una privatización de facto, tala de árboles y desplazamiento de fauna, rindió frutos esta semana. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ordenó la suspensión inmediata de las obras, obligando al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) a colocar sellos de clausura los días 25 y 26 de marzo.
Falta de permisos y retiro de estructuras
La PAOT confirmó que la suspensión se derivó de 11 denuncias ciudadanas. Las investigaciones revelaron que la empresa organizadora carecía de las autorizaciones obligatorias en materia de conservación patrimonial y ambiental ante el INAH, la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) y la Secretaría de Planeación (SPOTMET).
Ante la imposibilidad de regularizar su situación a tiempo, la propia empresa solicitó el levantamiento provisional de los sellos. Las autoridades otorgaron un plazo de 10 días, única y exclusivamente para que el personal ingrese a desmantelar las estructuras y el mobiliario, cancelando definitivamente la puesta en escena.
Choque político: ¿Boicot o justicia urbana?
La cancelación del evento destapó un enfrentamiento político. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, lamentó la decisión asegurando que el proyecto traería derrama económica, seguridad y mejoras a un parque históricamente abandonado. Tabe acusó al gobierno central y a legisladores de Morena de obstaculizar la inversión en alcaldías de oposición mediante «mentiras y calumnias», argumentando que de último momento se exigieron permisos que no correspondían.
Sin embargo, para los habitantes de Tacubaya y colectivos ciudadanos, el discurso oficial oculta una doble moral. Denuncian que durante años la alcaldía justificó la falta de iluminación y mantenimiento del parque argumentando que no era su «jurisdicción», pero sí encontró las facultades para rentarlo a un ente privado.
Hoy, las vallas comienzan a ser retiradas. Los vecinos, quienes acusan haber sufrido represión policial el pasado 18 de marzo durante sus manifestaciones, celebran la medida como una victoria colectiva. Advierten que mantendrán la vigilancia activa a través de los «Miércoles Re-Ciudadanos», dejando en claro un mensaje a las autoridades: el espacio público se defiende y no está a la venta.
Redactado por: Oralia Galindo