La justicia federal dio un nuevo giro a las investigaciones de uno de los episodios más sensibles del país. Una jueza de distrito vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exsubprocuradora de Guerrero, tras un operativo ejecutado en la capital del país por la Fiscalía General de la República (FGR).
Aunque la exfuncionaria fue procesada de manera directa por la posesión de cartuchos de arma de fuego y delitos contra la salud (medicamentos controlados), la FGR mantiene abierta una línea de investigación que la coloca como una pieza clave en el entorpecimiento del caso Ayotzinapa.
De acuerdo con las indagatorias y testimonios recabados por las autoridades, Estrada Ortega está directamente relacionada con la pérdida, ocultamiento o destrucción de los videos captados por las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala. Este material videográfico de la noche del 26 de septiembre de 2014 es considerado fundamental, ya que presuntamente documentaba el momento exacto en que policías locales interceptaron uno de los autobuses que transportaba a los estudiantes desaparecidos.
El operativo y la reclusión
La captura de la exfuncionaria se llevó a cabo durante un cateo realizado la noche del pasado martes en un departamento ubicado en la Unidad ISSSTE-6 de la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza.
Durante la audiencia celebrada el miércoles, Nora Ileana García Peralta, jueza de control adscrita al Reclusorio Norte, determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva de oficio, por lo que Estrada Ortega permanecerá recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.
Detuvieron a Blanca María del Rocío Estrada, exfuncionaria de la PGJ de Guerrero, por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa. https://t.co/cvAFARNKbr pic.twitter.com/kQ5HeWPaf1
— El Financiero (@ElFinanciero_Mx) March 13, 2026
En el mismo expediente también fue vinculada a proceso Margarita Anguiano Castro, una mujer de 83 años que se encontraba en el domicilio cateado. A pesar de padecer hipertensión, diabetes y presentar fracturas en la tibia y el peroné, la jueza le impuso la misma medida cautelar por los mismos delitos.
La impartidora de justicia fijó un plazo de dos meses, que concluirá el próximo mes de mayo, para el cierre de la investigación complementaria. Durante este periodo, tanto la fiscalía como la defensa deberán reunir y presentar las pruebas que definirán el rumbo legal del caso, el cual revive el debate sobre la posible manipulación y eliminación de evidencias por parte de las autoridades a más de una década de la tragedia.