En un movimiento que busca reconfigurar de fondo el sistema político y electoral del país bajo la bandera de la austeridad republicana, el Senado de la República recibió este martes formalmente la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, conocida como el “Plan B”, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El documento fue entregado a puerta cerrada por Juan Ramiro Robledo Ruiz, enlace de la Secretaría de Gobernación (Segob) con el Congreso de la Unión, y recibido por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo Juárez. De inmediato, la legisladora instruyó turnar el proyecto a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación.
La propuesta, que llega apenas una semana después de que la primera iniciativa electoral no alcanzara la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, tiene dos grandes ejes tractores: la reducción drástica de los costos y privilegios en la burocracia electoral y legislativa, y la reestructuración de la democracia participativa mediante modificaciones a la figura de revocación de mandato.
Austeridad republicana: El fin de la «burocracia dorada»
Durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, detallaron las entrañas de este nuevo paquete de reformas. La consigna principal, en palabras de la secretaria de Gobernación, es clara: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.
La iniciativa establece la modificación del artículo 134 constitucional para obligar a que todo ente público —federal, estatal y municipal— ajuste sus remuneraciones a los límites del artículo 127. En la práctica, esto significa que ningún consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), ni los integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), ni magistrados electorales locales podrán ganar más que la presidenta de la República.
Asimismo, se asesta un golpe definitivo a los beneficios extraordinarios. El “Plan B” prohíbe el uso de recursos del Estado para la contratación de seguros de gastos médicos mayores privados, seguros de vida, cajas de ahorro especiales o el controvertido Seguro de Separación Individualizado para altos funcionarios, erradicando bonos e ingresos adicionales ajenos al salario base.
Ya llegó al @senadomexicano la iniciativa de la Presidenta de la República, el #PlanB.
En la recepción de esta propuesta que busca la reducción de gastos en los congresos y ayuntamientos y fortalece la democracia al ampliar los derechos ciudadanos, me acompañaron los senadores… pic.twitter.com/C6KmWaMTiN— Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) March 17, 2026
Recortes al Legislativo y rediseño municipal
El peso de la austeridad también recaerá sobre el propio Poder Legislativo. La reforma impone al Senado de la República —cámara de origen de esta iniciativa— una obligación de diagnóstico y ajuste presupuestario progresivo. El objetivo es alcanzar, en un plazo de cuatro ejercicios fiscales, una reducción acumulada del 15% en términos reales respecto al presupuesto aprobado para 2026. Se garantizó, no obstante, que este recorte no vulnerará los derechos laborales de los trabajadores de base.
A nivel local, el impacto será mayúsculo. Para los congresos estatales, se fija un tope presupuestal inamovible: su gasto anual no podrá exceder el 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad federativa. Aquellas legislaturas que hoy rebasen este límite deberán reducir sus finanzas, mientras que las que se encuentren por debajo solo podrán incrementar sus recursos en términos reales de inflación.
En el ámbito municipal, la iniciativa ataca lo que el Ejecutivo considera estructuras sobredimensionadas. Se propone limitar la integración de los ayuntamientos a una sola sindicatura y a un rango de entre siete y un máximo de 15 regidores, dependiendo de la densidad poblacional. Con esto se busca terminar con los casos de municipios que actualmente mantienen nóminas de hasta 28 regidores.
Los recursos liberados por estos recortes legislativos y municipales no podrán ser transferidos a la Federación, sino que deberán etiquetarse obligatoriamente para servicios públicos, proyectos de infraestructura local y obras de impacto social directo en los municipios.
Revocación de mandato: Nuevas reglas y fechas
El capítulo de democracia directa sufre una profunda transformación. El «Plan B» propone adelantar la consulta de revocación de mandato para que pueda solicitarse durante los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año de gobierno.
De aprobarse, el ejercicio se llevaría a cabo el primer domingo de junio de 2027 (o 2028, a criterio de las administraciones futuras), coincidiendo estratégicamente con las elecciones intermedias federales.
Un cambio sustancial en las reglas del juego es que la presidenta de la República tendrá facultades legales para difundir el proceso y promover abiertamente el voto a su favor, eliminando la exclusividad de promoción que actualmente ostenta el INE. Sin embargo, como contrapeso, se prohíbe estrictamente el uso de recursos públicos para la recolección de firmas y se ordena la suspensión total de la propaganda gubernamental en medios de comunicación durante los 60 días previos a la jornada de votación.
Elección judicial, transparencia financiera y paridad
En su intervención, Sheinbaum Pardo confirmó que la elección de ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial se mantendrá firme para el año 2027, aprovechando la misma jornada electoral para «atender todo de una vez». Se prevén modificaciones secundarias para reducir el número de candidatos en las boletas (garantizando paridad con un hombre y una mujer por comité) y otorgar mayor tiempo para la evaluación de perfiles.
En materia de operación electoral, la reforma instruye que los cómputos distritales de las elecciones inicien el mismo día de los comicios, justo en el momento en que se reciba el primer paquete electoral en las juntas distritales, eliminando tiempos de espera que daban pie a suspicacias.
El control financiero sobre los partidos políticos también se endurece. Las nuevas disposiciones obligarán a las fuerzas políticas a transparentar en tiempo real las remuneraciones de sus dirigentes —que tendrán un tope máximo de 1,500 UMAs— mediante sistemas bancarizados. Las autoridades electorales, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda (SHCP), tendrán mayores herramientas tecnológicas para fiscalizar campañas en tiempo real y bloquear cualquier intento de inyección de recursos ilícitos, en efectivo o provenientes del extranjero.
Por otro lado, la senadora Laura Itzel Castillo informó mediante sus redes sociales que la Segob envió un oficio adicional para notificar y subsanar una omisión de forma en el documento original entregado. En las fojas 10 y 15 de la iniciativa no aparecía la redacción “de conformidad con el principio de paridad”, mandatada por el artículo 115 constitucional. El Ejecutivo solicitó a las comisiones legislativas incluir y corregir esta omisión al momento de formular el dictamen.
El futuro legislativo: Sin ‘fast track’
Pese a la mayoría oficialista, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, garantizó que la reforma no pasará por un proceso de fast track. “Respetamos las reglas, porque una mayoría no puede aplastar un sistema estructurado por muchas décadas”, sentenció.
Mier aseguró que la iniciativa seguirá el trámite ordinario: análisis en comisiones, elaboración del proyecto de dictamen, circulación en los tiempos reglamentarios y, finalmente, su debate en el Pleno. Se espera que, tras el trabajo político con aliados como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), la reforma sea aprobada antes del inicio de la Semana Santa.
El «Plan B» representa el esfuerzo más ambicioso de la actual administración por compactar el aparato burocrático del Estado y redefinir las reglas de la competencia política en México. Las próximas semanas en el recinto de Paseo de la Reforma definirán la viabilidad legal y política de un rediseño institucional que, de concretarse, marcará un antes y un después en la historia democrática del país.
CRÉDITOS Y FUENTES INFORMATIVAS:
Este reportaje fue elaborado a partir de información proporcionada por: Senado de la República, La Jornada (Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez), El Financiero, El Universal (Eduardo Dina / Pedro Villa y Caña), Milenio (Silvia Arellano), Proceso (Juan Carlos Cortés), N+, Reforma, Universidad de Colima, Expansión Política (Yared de la Rosa), IMER Noticias (Hazel Zamora / Laura Velarde) y El Economista (María Fernanda Sosa Santiago).