Fotografía: Tlaquepaque reporta una nueva catástrofe ambiental por descargas residuales en el Arroyo El Seco. Crédito de la imagen a DK 250 (@dk1250)
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El Área Metropolitana de Guadalajara se enfrenta a lo que ya es considerado una emergencia sanitaria y ambiental. Habitantes de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá padecen diariamente el suministro de agua turbia, de coloración marrón y con olores fétidos a través de la red del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

La gravedad de la contaminación en el líquido —que proviene en casi un 70 por ciento del Lago de Chapala— ha encendido las alarmas a nivel estatal. Instancias de salud han emitido recomendaciones urgentes a la población para evitar el contacto directo con el agua de la llave, instando a no utilizarla para la cocción de alimentos ni siquiera para el cepillado dental, debido a los riesgos que representa para la salud pública.

Catástrofe en el Arroyo El Seco

A la mala calidad en los hogares se suma un desastre ecológico latente. En Tlaquepaque se ha detectado una nueva y masiva cascada de agua contaminada que desemboca directamente en el cauce del Arroyo El Seco. De acuerdo con reportes de Protección Civil, esta descarga residual, superior a las detectadas en meses anteriores, conecta peligrosamente con infraestructura estratégica utilizada para el abastecimiento de agua potable en diversas colonias de la metrópoli.

Ante este panorama, desde el Senado de la República se ha impulsado un exhorto urgente para que dependencias federales como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intervengan inmediatamente, decreten la emergencia sanitaria e inicien investigaciones para deslindar responsabilidades.

Excusas oficiales y tarifas por las nubes

Mientras la crisis se agudiza, el SIAPA ha incrementado sus tarifas en más de un 75 por ciento en los últimos años, cobrando precios de primer mundo por un servicio deficiente.

Las explicaciones de las autoridades estatales han sido erráticas y cambiantes. A lo largo de los meses, han justificado la pestilencia y el color del agua con excusas que van desde el retraso en la compra de químicos potabilizadores, hasta el arrastre de sedimentos, el «boom» de torres departamentales y, más recientemente, la oxidación por el envejecimiento de la red hidráulica.

La indignación ciudadana se refleja en los expedientes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde se acumulan al menos 32 quejas activas contra el organismo operador. Sin embargo, pese a una recomendación oficial emitida desde 2022 por la mala calidad del servicio, el deterioro en el suministro no ha hecho más que empeorar, transformando un derecho humano fundamental en un riesgo sanitario diario para millones de jaliscienses.


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