La jornada de violencia desatada tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), paralizó temporalmente la actividad económica en al menos 24 entidades del país, dejando afectaciones directas en cerca de un millón de negocios y pérdidas económicas estimadas entre mil 500 y 2 mil millones de pesos.
Sin embargo, para el sector empresarial de México, este golpe a la delincuencia organizada representa un punto de inflexión histórico. Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), aseguró que, a pesar del impacto inmediato de los bloqueos y destrozos ocurridos entre el domingo y el lunes, las acciones del gobierno federal son vistas como una inversión a largo plazo para recuperar la paz.
Comunicado | CONCANACO SERVYTUR respalda acciones de seguridad y llama a reforzar seguridad del comercio
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— CONCANACO SERVYTUR (@CONCANACO) February 25, 2026
“La llamada que yo recibía hoy de los agremiados era para decirme que por fin les regresa la esperanza de no tener miedo para abrir. A mí hasta se me enchina la piel. Cada cortina abierta es confianza; cada cortina cerrada es economía que se detiene”, expresó el líder empresarial.
El altísimo costo de la extorsión
Durante la paralización, alrededor de 4.8 millones de trabajadores vieron suspendidas sus actividades. No obstante, De la Torre confirmó que entre el 90 y 95 por ciento de los establecimientos ya ha reabierto sus puertas, especialmente en las zonas de menor impacto.
El presidente de la Concanaco dimensionó el tamaño del problema de seguridad que asfixia a los empresarios: actualmente, el costo total de la inseguridad y el delito para las unidades económicas asciende a 124 mil millones de pesos anuales. De este monto, el 44 por ciento se destina a gastos preventivos (seguridad privada, cámaras, blindaje) y el 46 por ciento corresponde a pérdidas directas.
Datos del INEGI respaldan esta crisis, mostrando que entre el 25 y el 30 por ciento de los delitos reportados por las empresas están directamente vinculados a la extorsión o «cobro de piso», un lastre que ha obligado a miles de comercios a reducir horarios, frenar inversiones e, incluso, cerrar definitivamente.
Un respiro de 18 mil millones de pesos
El optimismo de la iniciativa privada radica en las proyecciones a futuro. La Concanaco estima que el debilitamiento de estas estructuras criminales podría traducirse en una reducción de entre el 10 y el 20 por ciento en delitos de extorsión y del fuero común.
Esta disminución representaría un ahorro directo de hasta 18 mil 645 millones de pesos anuales (equivalente al 0.08 por ciento del Producto Interno Bruto nacional). “Menos presión delictiva sobre los negocios significa más certidumbre para trabajar. Si baja la extorsión, sube la libertad de emprender y crecer”, subrayó De la Torre.
Finalmente, el dirigente advirtió que es natural que exista una desestabilización temporal que podría durar semanas o meses por los reacomodos criminales, pero urgió a las autoridades a mantener una presencia institucional permanente en los territorios afectados. Desde la Concanaco, se implementará un acompañamiento territorial y coordinación directa a través de los canales de emergencia 911 y 089 para blindar a los comercios en esta etapa de transición.