Más de 200 presos políticos recluidos en el centro penitenciario El Rodeo I, ubicado en las afueras de Caracas, han iniciado una huelga de hambre para exigir su excarcelación y denunciar graves deficiencias en la atención médica. La protesta se desató tres días después de la promulgación de la nueva Ley de Amnistía, una medida impulsada por la administración de Delcy Rodríguez —quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense—, la cual, según denuncian los afectados, excluye a gran parte de la población penitenciaria procesada por motivos políticos.
De acuerdo con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) y familiares de los detenidos, son al menos 213 las personas que decidieron cesar su alimentación desde la noche del viernes. La primera señal de la protesta fue la suspensión de las visitas de fin de semana por parte de las autoridades penitenciarias.
Exclusiones legales y casos internacionales
La controversia central radica en las limitaciones del nuevo texto legal. Aunque la Ley de Amnistía, aprobada por unanimidad por el Parlamento venezolano, teóricamente abarca el período entre 1999 y 2026, especifica 13 coyunturas políticas precisas. Esta delimitación excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, afectando directamente a quienes enfrentan procesos militares o acusaciones graves como «terrorismo», cargos comunes entre los reclusos de El Rodeo I.
Desde El Helicoide, Orlando Moreno se reencontró con compañeros recientemente excarcelados.
Un abrazo cargado de resistencia y dignidad. Cada excarcelación es un paso, pero no es suficiente mientras queden inocentes tras las rejas.
Seguimos firmes hasta que la libertad sea… pic.twitter.com/p6hzl3v76w
— DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) February 23, 2026
Entre los huelguistas destacan varios ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad. Resalta el caso del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, detenido bajo acusaciones de terrorismo, y de varios hispanovenezolanos, como el estudiante Fernando Noya y el empresario Uaiparu Guerere, quienes permanecen en prisión pese a las expectativas de liberación. Familiares, como Verónica Noya, han alertado a medios internacionales sobre las crisis de ansiedad y el deterioro físico de sus allegados.
Discrepancia en las cifras de liberaciones
El contraste entre la versión oficial y la de las organizaciones civiles marca el ritmo de la crisis. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, afirmó que se han recibido más de 1.500 solicitudes para acogerse a la amnistía y aseguró que «ya se están dando cientos de liberaciones» en todo el país, incluyendo casos de personas en libertad condicional que ahora gozarán de libertad plena.
Sin embargo, el bloque opositor Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y organizaciones dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, como Foro Penal, manejan cifras significativamente menores. Hasta el cierre del fin de semana, Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, reportó un aproximado de 40 salidas confirmadas. La ONG estima que más de 400 presos políticos podrían quedar al margen de los beneficios de la ley.
Movilización social y atención humanitaria
Ante el estancamiento de las excarcelaciones y la urgencia médica en El Rodeo I, las familias de los internos convocaron una concentración en la Universidad Central de Venezuela (UCV) para visibilizar sus reclamos y solicitar el respaldo de la sociedad civil. Exdiputados de la oposición recientemente liberados, como Juan Pablo Guanipa, se han sumado al llamado, advirtiendo sobre el «precario estado de salud» de la mayoría de los reclusos.
En medio de la tensión, la Cruz Roja Venezolana confirmó su participación en el proceso de excarcelación tras ser invitada por el Gobierno. Equipos médicos del organismo, incluyendo al coordinador de Salud del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para Venezuela, Filippo Gatti, lograron ingresar el domingo a diversos penales, incluido El Rodeo I y El Helicoide, para realizar evaluaciones de salud primaria a quienes están saliendo de prisión, marcando un acceso sin precedentes a estas instalaciones.
Mientras el debate sobre el alcance real de la amnistía continúa, la presión se mantiene sobre el sistema penitenciario para garantizar, como mínimo, el derecho fundamental a la salud de quienes permanecen tras las rejas en una de las prisiones más restrictivas del país.