Con información de Víctor Chávez (El Financiero), Maritza Pérez (El Economista), Carmen Aristegui y Animal Político.
Ciudad de México, 18 de febrero de 2026.
El último año de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador cerró con un saldo rojo en materia de rendición de cuentas. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un presunto daño al erario o montos por aclarar que ascienden a 65 mil 169 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2024. Esta cifra, revelada en la tercera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior, confirma una tendencia que marcó todo el sexenio: la transferencia masiva de recursos a estados y municipios sin los controles adecuados para garantizar su correcta ejecución.
De acuerdo con el documento entregado a la Cámara de Diputados por el auditor superior, David Colmenares Páramo, del total de 67 mil 174 millones de pesos observados inicialmente, apenas se lograron recuperar cerca de 2 mil millones durante el proceso de auditoría, dejando más de 65 mil millones en el limbo. Este monto se suma a las irregularidades de años anteriores, acumulando un total de 417 mil 321 millones de pesos por aclarar en todo el sexenio 2018-2024, una cifra que supera el presupuesto anual de varias secretarías de Estado juntas.
El «Hoyo Negro» del Gasto Federalizado
El análisis de los datos oficiales, cruzado con reportes de El Economista y Animal Político, revela que la raíz del problema no está necesariamente en las oficinas centrales de la Ciudad de México, sino en la dispersión del dinero hacia el interior de la República. El 90% de las irregularidades detectadas en 2024, equivalentes a 59 mil 363 millones de pesos, corresponden al Gasto Federalizado; es decir, dinero transferido por la Federación que fue ejecutado (o mal ejecutado) por gobiernos estatales y municipales.
Según el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2024, la falta de documentación comprobatoria es el «pecado capital» de los gobiernos locales. No se trata solo de obras inconclusas, sino de miles de millones de pesos que salieron de la Tesorería y de los cuales no existe factura, contrato o evidencia fotográfica que justifique su destino final.
Las entidades federativas que lideran la lista de opacidad, según el desglose de la Matriz de Datos Básicos y el análisis de Víctor Chávez para El Financiero, muestran focos rojos en regiones estratégicas:
Estado de México: Se posiciona como la entidad con mayores montos por aclarar. El gobierno estatal tiene pendientes por 7 mil 068 millones de pesos, mientras que sus municipios suman irregularidades adicionales, destacando la falta de entrega de documentación en alcaldías clave.
Durango: Presenta un monto por aclarar alarmante de 6 mil 037 millones de pesos en el gobierno estatal, una cifra desproporcionada considerando su presupuesto comparado con entidades más grandes.
Veracruz: Aunque el gobierno estatal tiene un monto pendiente de 1 mil 098 millones, sus municipios son un desastre administrativo, acumulando 2 mil 523 millones de pesos sin justificar.
Chiapas: Los municipios chiapanecos deben aclarar el destino de 2 mil 667 millones de pesos, mientras que el gobierno estatal tiene pendientes por más de 1 mil 200 millones.
Ciudad de México: Las alcaldías capitalinas no escapan al escrutinio, con 2 mil 142 millones de pesos en gastos irregulares.
En este rubro, David Colmenares fue enfático ante los legisladores: “Más del 59% de este monto por aclarar fue determinado en las auditorías efectuadas a Alcaldías y Municipios”. El auditor advirtió sobre un incremento del 147% en las observaciones a municipios respecto a 2023, lo que sugiere un deterioro acelerado en la capacidad administrativa o en la honestidad de los gobiernos locales al cierre de sus trienios.
El Gobierno Federal: Pemex y SICT en la mira
Aunque el grueso de las irregularidades está en los estados, el Gobierno Federal no salió ileso. En el rubro de Desarrollo Económico, las Empresas Productivas del Estado siguen siendo un dolor de cabeza para la fiscalización.
Petróleos Mexicanos (Pemex), la joya de la corona de la administración anterior, tiene pendientes por aclarar 1 mil 762 millones de pesos. Las auditorías de cumplimiento revelaron fallas en la supervisión de obras y pagos en exceso en contratos de mantenimiento e infraestructura.
Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encargada de las grandes obras del sexenio, debe justificar el uso de 1 mil 215 millones de pesos. A esto se suma la Secretaría de Marina (Semar), que tomó un rol protagónico en tareas civiles y de construcción, y que ahora debe aclarar el destino de 233 millones de pesos, según confirmó el informe consolidado.
Otro dato que resalta en el informe, y que fue retomado por Aristegui Noticias, es la situación del Poder Judicial, el cual no justificó el uso de cerca de 284.5 millones de pesos. En un contexto político donde el Poder Judicial ha estado bajo constante ataque y reforma, este hallazgo añade presión sobre su gestión administrativa.
Salud y Educación: Las víctimas sociales
Más allá de los grandes contratos de obra pública, las irregularidades pegan donde más duele a la ciudadanía: en los servicios básicos.
En el sector Salud, la ASF identificó un posible daño al erario por más de 1 mil 591 millones de pesos en el gasto federalizado. Esto implica recursos que debieron destinarse a medicinas, equipamiento hospitalario o sueldos de personal médico y que hoy no están comprobados. A nivel federal, la Secretaría de Salud tiene pendientes por 585 millones.
En Educación, el panorama es similar. Las Universidades Públicas Estatales fueron objeto de 35 auditorías integrales, resultando en observaciones por más de 1 mil 879 millones de pesos. Los auditores encontraron de todo: pagos a personal que ya no trabaja (o que nunca trabajó), transferencias a cuentas no autorizadas y «outsourcing» prohibido. Además, en el fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, faltan por aclarar casi 4 mil millones de pesos.
«Auditores de territorio»
Durante la entrega del informe, que marca el fin de una era para la fiscalización de la administración lopezobradorista, el Auditor Superior, David Colmenares, defendió la metodología de la institución ante las críticas que han surgido a lo largo del sexenio por la supuesta «suavidad» en las revisiones.
“Estoy convencido de que la prevención es un elemento toral de la fiscalización… Somos auditores de territorio y no de escritorio”, declaró Colmenares, según reportó Eloísa Domínguez para La Crónica. El funcionario destacó que la Cuenta Pública 2024 se integró de 2,264 auditorías, la cifra más alta en la historia de la institución, y presumió el uso de nuevas tecnologías para ampliar la cobertura.
Sin embargo, como señala Carlos Álvarez en Zeta Tijuana, la presentación del informe no es el final del camino. Inicia ahora la etapa de aclaración, donde los entes auditados tienen plazos legales para presentar la documentación faltante. Históricamente, una parte de estos montos se solventa, pero otra deriva en denuncias penales que, en muchos casos, tardan años en resolverse.
¿Qué sigue?
Con el cierre de la fiscalización de 2024, se cierra también el capítulo contable del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El saldo de 417 mil millones de pesos por aclarar en seis años será la herencia administrativa que la nueva administración y los gobiernos locales deberán gestionar.
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Mientras tanto, la atención se centra ahora en la capacidad de la Fiscalía General de la República para procesar las denuncias que eventualmente surjan de estos hallazgos, especialmente en aquellos casos donde la «falta de documentación» esconda, en realidad, actos de desvío de recursos públicos.
Para la ciudadanía, la cifra de 65 mil millones de pesos es abstracta, pero su impacto es real: equivale a construir varios hospitales de especialidad o a financiar el presupuesto de la UNAM por un año entero. Dinero que salió de los impuestos y que, hasta hoy, nadie sabe con certeza dónde terminó.
2024_IGE_aFicha Técnica de la Fiscalización 2024
(Fuente: Matriz de Datos Básicos ASF)
Entidades Federales con mayores montos por aclarar:
Top 5 Estados con mayores montos por aclarar (Gobierno)
Este reportaje fue elaborado con datos del Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2024 de la ASF y reportes de El Financiero, El Economista, Aristegui Noticias, Animal Político, La Crónica y Zeta Tijuana.