La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este lunes, por unanimidad y sin debate, que la ministra María Estela Ríos González no tiene impedimento legal para participar en la resolución del expediente que definirá el futuro de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo en México.
El Pleno avaló el proyecto del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, desestimando la recusación presentada por las víctimas del caso García Rodríguez y otro vs. México, quienes argumentaron que la imparcialidad de la ministra estaba comprometida por sus antecedentes en el Ejecutivo Federal.
Conoce lo que se resolvió #HoyEnLaSesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. pic.twitter.com/9o022Ja4yc
— Suprema Corte (@SCJN) February 17, 2026
El argumento: «Fue institucional, no personal»
La controversia surgió porque, el 24 de agosto de 2022, Ríos González —entonces Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal— firmó un comunicado junto al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, solicitando a la Corte mantener la prisión preventiva oficiosa en la Constitución.
Sin embargo, el ministro Aguilar Ortiz explicó que dicha acción no constituye una causal de impedimento.
“Si bien el referido comunicado fue firmado por la ministra, lo cierto es que lo emitió en ejercicio de las facultades del cargo que ostentaba (…) y no a título personal”, sostuvo el ponente durante la sesión.
Además, el proyecto destacó que el comunicado se emitió cinco meses antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictara la sentencia condenatoria contra el Estado mexicano (enero 2023), por lo que era imposible que existiera un «prejuicio» sobre un expediente que ni siquiera existía en ese momento.
¿Qué está en juego?
La ministra Ríos González será la encargada de elaborar el proyecto del expediente 3/2023. Este documento es crucial porque establecerá la hoja de ruta sobre cómo el Poder Judicial de la Federación (PJF) debe acatar el fallo internacional que ordena a México eliminar la aplicación automática de la prisión preventiva y la figura del arraigo, consideradas violatorias de los derechos humanos.
El origen del conflicto
El recurso de impedimento fue promovido por Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes pasaron más de 17 años en prisión preventiva oficiosa sin sentencia, acusados del homicidio de la regidora María de los Ángeles Tamés en 2001.
Ambos sostenían que la postura previa de Ríos González revelaba un interés en mantener la medida cautelar que los mantuvo en la cárcel casi dos décadas, argumento que fue finalmente desestimado por el Máximo Tribunal.