Fotografía: Congela el avance de su juicio por delincuencia organizada y el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos.
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Un juzgado federal otorgó una suspensión provisional a María Vanesa Pedraza Madrid, ex jefa de asesores de Genaro García Luna, frenando momentáneamente el proceso penal en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La decisión, emitida por Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, establece que el juez de control deberá detener el procedimiento una vez que concluya la etapa intermedia. Esto significa que no se podrá dictar la apertura a juicio oral hasta que se resuelva la suspensión definitiva del amparo promovido por la defensa.

¿Saldrá de prisión?

Es importante destacar que este recurso legal no implica la liberación de Pedraza Madrid. La exfuncionaria permanecerá recluida en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 16, en Morelos, donde se encuentra desde su detención el pasado 16 de diciembre de 2025.

El juez Niño Jiménez puntualizó que la medida cautelar no afecta el interés social ni contraviene disposiciones de orden público, pero es necesaria para preservar la materia del juicio de amparo interpuesto el 23 de enero de 2026. La audiencia incidental para definir si la suspensión se vuelve definitiva está programada para el próximo 20 de febrero.

La conexión Nunvav y el desvío millonario

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) señalan a Vanesa Pedraza como una pieza clave en la red de corrupción tejida durante la gestión de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública.

Según la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Pedraza no solo fungió como asesora, sino que operó como apoderada legal de Nunvav Inc., la empresa eje del esquema de corrupción. Se le acusa de facilitar el desvío de 5 mil 112 millones de pesos provenientes del Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y de la Tesorería de la Federación.

La indagatoria apunta a que dichos recursos, extraídos mediante contratos simulados para el equipamiento de cárceles, terminaron beneficiando a García Luna y a su círculo familiar.


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