En una semana de contrastes históricos para el estado, el Congreso de Chiapas aprobó una reforma legal sin precedentes para elevar el poder de fuego de sus policías, apenas días después de que se confirmara que la entidad se mantiene como el epicentro de la pobreza estructural en México.
Este jueves, la Sexagésima Novena Legislatura avaló la iniciativa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El dictamen, que ahora viaja al Congreso de la Unión para su ratificación final, busca que Chiapas sea el primer estado facultado para equipar a sus fuerzas civiles con armamento de alto calibre —reservado hasta hoy para las Fuerzas Armadas— con el fin de equilibrar la balanza contra los grupos del crimen organizado.
Sin embargo, esta estrategia de «blindaje» se despliega sobre un territorio profundamente fracturado por carencias básicas. Según el análisis presentado este 13 de agosto por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondiente a 2024, Chiapas no solo enfrenta una crisis de seguridad, sino una crisis humanitaria crónica.
El blindaje: «Poner orden con consecuencias»
En el recinto legislativo, la urgencia de seguridad marcó la agenda. Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), defendió la medida como un paso necesario para romper la «complicidad entre el Estado y la delincuencia» que marcó los años recientes.
“Lo que está en juego en Chiapas no es cosa menor, es la paz que se está construyendo. Con esta reforma se consolidan instituciones civiles fuertes para enfrentar a la delincuencia con eficacia”, afirmó el legislador.
La reforma plantea un control riguroso: solo policías con el Certificado Único Policial (CUP) vigente y evaluaciones de confianza aprobadas podrán portar fusiles de asalto, bajo la supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La premisa política es clara: no se puede pedir paz sin capacidad de respuesta.
La otra realidad: Pobreza Multidimensional
Mientras se discute el calibre de las armas, los datos analizados por el investigador Fredy Jiménez, de la Unidad de Información de la Frontera Sur (CIMSUR-UNAM), arrojan luz sobre el caldo de cultivo social en la entidad.
De acuerdo con el informe del INEGI (2025), la pobreza multidimensional —que no solo mide el dinero, sino el acceso a derechos fundamentales— afecta al 29.6% de la población a nivel nacional. Pero en Chiapas, esa cifra se dispara dramáticamente.
El Dato: Chiapas es el estado con mayor porcentaje de pobreza multidimensional en México, alcanzando un 66.0% de su población. Le siguen Guerrero (58.1%) y Oaxaca (51.6%).
Para entender la magnitud, Jiménez explica que la medición considera tres ámbitos vitales:
Bajo estos parámetros, la realidad chiapaneca es desoladora. El estado no solo es pobre, sino que sufre de una pobreza estructural y crónica.
1.5 millones en Pobreza Extrema
El dato más alarmante del reporte radica en la pobreza extrema, aquella donde las personas carecen de prácticamente todos los elementos para una vida digna.
Mientras estados del norte como Baja California y Nuevo León mantienen índices de pobreza extrema y multidimensional cercanos al 10%, Chiapas se encuentra en el otro extremo del espectro.
La brecha Norte-Sur y el fracaso de la política social
El análisis de Fredy Jiménez pone el dedo en la llaga sobre la desigualdad regional. A pesar de que a nivel nacional la pobreza bajó del 43.2% en 2016 al 29.6% en 2024 (sacando a 13.7 millones de personas de esa condición), el avance no es homogéneo.
La brecha entre el norte industrializado y el sur rural se ensancha. En el ámbito rural, el 45.8% de la población vive en pobreza multidimensional, frente al 25.0% en zonas urbanas. Chiapas, con su vasta geografía rural e indígena, absorbe el impacto más duro.
“Lo que nos revela una vez más una estructura desigual de los procesos de desarrollo; a pesar de los esfuerzos del gobierno federal, parecen no estar conectados con los esfuerzos regionales. Hay algo con las políticas de los gobiernos estatales y municipales que no se está articulando de manera efectiva”, señala Jiménez en su análisis para Chiapas Paralelo.
Preguntas incómodas para el futuro
La aprobación de armas de alto poder para la policía estatal intenta solucionar la consecuencia (la violencia), pero los datos del INEGI cuestionan si se están atendiendo las causas.
El investigador de la UNAM plantea interrogantes que resuenan con fuerza ante la nueva estrategia de seguridad:
Lo que sigue
El dictamen de la Ley de Armas ha sido turnado al Congreso de la Unión bajo el artículo 71 constitucional. Si se aprueba, Chiapas tendrá policías mejor armados en la historia del país. La incógnita que permanece, respaldada por las cifras del INEGI, es si ese armamento será suficiente para pacificar un estado donde 3.7 millones de personas no pueden siquiera ir al médico y donde la pobreza extrema es la realidad cotidiana de uno de cada cuatro habitantes.
Créditos y Fuentes:
Nota periodística basada en información legislativa del Congreso del Estado de Chiapas y reportes de Elio Henríquez (La Jornada), Héctor Chinchillas (El Imparcial), Marco Aquino (AquíNoticias) e Isaí Flores (El Heraldo de Chiapas).
Análisis estadístico y datos de pobreza: Fredy Jiménez, Chiapas Paralelo / Unidad de Información de la Frontera Sur (CIMSUR-UNAM), basado en el informe «Análisis de los resultados de la medición de la pobreza multidimensional, 2024», INEGI (2025).