Una «bomba de tiempo» sobre rieles. Así describen los nuevos hallazgos de la Fiscalía General de la República (FGR) las condiciones en las que operaba el Tren Interoceánico el pasado 28 de diciembre, cuando un descarrilamiento en Nizanda, Oaxaca, cobró la vida de 14 personas y dejó casi un centenar de heridos.
Sin ojos ni control: las carencias técnicas
Según documentos de la FGR revelados por el periodista José Manuel Martínez en Latinus, la locomotora siniestrada presentaba deficiencias críticas que impedían una operación segura. El puesto del conductor carecía de velocímetro, lo que obligaba al operador a «adivinar» o estimar la velocidad del convoy. José Manuel Gaytán, mayordomo de locomotoras, confirmó a las autoridades que el conductor «no cuenta con un velocímetro en su tablero, por lo que no le es posible saber si el maquinista va a exceso de velocidad».
Él es Ricardo Mendoza Cerón, uno de los operadores del Tren Interoceánico detenidos como los únicos responsables por el descarrilamiento del tren, donde ni veían el velocímetro.
Un operador pobre, irá a la cárcel para que el millonario Bobby López Beltrán sea libre. Nada cambió pic.twitter.com/mrj0Gv0OF2
— Jorge García Orozco (@jorgegogdl) January 29, 2026
Pero las fallas no terminaban ahí. El expediente también detalla que las cámaras de vigilancia eran inservibles por falta de software, los radios de comunicación eran incompatibles y la locomotora número 3006 no contaba con sistema contra incendios, a pesar de estar asignada a un servicio de pasajeros.
Procesados y a prisión
Las consecuencias legales ya alcanzaron a la tripulación. Fuentes judiciales confirmaron a Manuel Espino de El Universal y a La Jornada que un juez vinculó a proceso a Felipe de Jesús Díaz Gómez (conductor) y Ricardo Mendoza Cerón (jefe de despachadores) por los delitos de homicidio culposo y lesiones. Ambos recibieron prisión preventiva y fueron ingresados al penal de «El Amate» en Cintalapa, Chiapas.
La FGR los acusa de no accionar la válvula de freno de emergencia para detener el tren, que viajaba a exceso de velocidad en una zona de curvas donde el límite era de entre 50 y 70 km/h. De ser hallados culpables, podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel.
«La empresa nos dejó operar así»
Sin embargo, la defensa de los trabajadores apunta hacia arriba. Margarita Solano de La Silla Rota y Leia Oliveres de Periódico Correo reportan que los imputados declararon ante el Ministerio Público que la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V. y la administración a cargo de la SEMAR estaban al tanto de que sus licencias estaban vencidas.
El maquinista Emilio Erasmo Canteros Méndez, quien aún sigue libre pero bajo investigación, admitió que su licencia federal venció el 2 de diciembre de 2023, semanas antes de la tragedia. «Seguí operando con la licencia vencida porque la empresa no me suspendió», declaró, asegurando que la renovación de los permisos es un trámite administrativo que corresponde al empleador.
Esta revelación pone en la mira los protocolos de seguridad de uno de los proyectos insignia del sexenio, sugiriendo una negligencia sistémica donde la falta de mantenimiento y supervisión administrativa jugaron un papel clave en el fatal desenlace.