Fotografía: Tras revelarse que la joven fingió un embarazo de nueve meses, su familia rompe el silencio pidiendo respeto.
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Lo que inició como una movilización desesperada por una mujer embarazada presuntamente secuestrada, ha derivado en uno de los escándalos sociales más complejos del año en Puebla. Lydia Valdivia, localizada sana y salva en el Estado de México el pasado 22 de enero, no solo no estaba en labor de parto, sino que, según la Fiscalía General del Estado (FGE), «no presentaba signos de un embarazo reciente».

El testimonio del esposo: «Nos vieron la cara»

Luis Torres Pérez, esposo de Lydia, rompió el silencio mediante un video donde se deslindó por completo de la farsa. Con un tono de profunda decepción, Torres agradeció al gobernador Alejandro Armenta por el hallazgo, pero confesó sentirse traicionado: «Me siento más que enojado, decepcionado. Nos vieron la cara», sentenció, tras haber defendido públicamente la versión del embarazo durante los días de búsqueda.

La familia pide «sensibilidad» ante un duelo oculto

A través de un comunicado y un video institucional, los padres y la hermana de Lydia manifestaron su gratitud a las comunidades de Acajete y Apango que buscaron «día y noche». Aunque evitaron la presencia física de la joven en el mensaje, revelaron un dato clave: Lydia sí estuvo embarazada, pero sufrió una pérdida en el primer trimestre. Los familiares admitieron desconocer por qué decidió mantener la simulación hasta el noveno mes y confirmaron que la joven será sometida a evaluaciones psicológicas especializadas.

Tormenta política: ¿Cárcel por fingir desapariciones?

El caso ha trascendido la esfera privada para instalarse en el Congreso local. La diputada de Morena, Nayeli Salvatori, anunció una iniciativa para castigar penalmente a quienes simulen su desaparición para obtener beneficios personales o generen gastos innecesarios al erario. «No se trata de criminalizar denuncias, sino de castigar a quien, tras una investigación, se descubra que fingió», argumentó.

La propuesta fue calificada de «frivolidad» por la panista Susana Riestra, quien señaló que esta medida podría revictimizar a las familias y debilitar el sistema de justicia. «Hace falta menos TikTok y más lectura», reviró Riestra, recordando que la falsedad de declaraciones ya está tipificada en el Código Penal.

Mientras el debate legislativo sube de tono, la Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar si existió dolo en la movilización de recursos públicos, en un caso que ha dejado una herida de desconfianza en los protocolos de búsqueda de la entidad.


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