En una maniobra de alto calado político y de seguridad, ejecutada en las primeras horas de este martes, el Gobierno de México llevó a cabo la entrega de 37 operadores criminales a las autoridades de Estados Unidos. Este movimiento, el tercero de su tipo en menos de un año de la administración de Claudia Sheinbaum, se produce en un momento crítico de la relación bilateral, marcado por la retórica agresiva del presidente Donald Trump y sus amenazas de realizar incursiones militares en suelo mexicano para combatir a los cárteles de la droga.
El operativo, descrito por fuentes de seguridad como una «extracción quirúrgica», no siguió los canales tradicionales y largos de los juicios de extradición. En su lugar, el Gobierno mexicano invocó la Ley de Seguridad Nacional y mecanismos de cooperación bilateral para agilizar el envío, argumentando que estos individuos representaban un riesgo inminente para la estabilidad interna del país.
Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.
La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno… pic.twitter.com/rBqfVvIIDZ— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 20, 2026
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó a través de sus canales oficiales que los reos fueron trasladados en siete aeronaves de las Fuerzas Armadas hacia prisiones federales en Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego. «La acción se ejecutó con pleno respeto a la soberanía nacional. A solicitud del Departamento de Justicia de EE. UU., se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte», puntualizó el funcionario.
La Geopolítica del Narco: Una «ofrenda» para Washington
La entrega de estos 37 objetivos ocurre apenas días después de que funcionarios de alto nivel de Estados Unidos, incluido el Secretario de Estado Marco Rubio, expresaran que los avances «incrementales» de México eran inaceptables. Según reportes de The New York Times, firmados por James Wagner, la administración Trump ha intensificado la presión para realizar operaciones conjuntas en territorio mexicano, una línea roja que la presidenta Sheinbaum ha rechazado tajantemente, defendiendo la soberanía nacional.
Expertos consultados, como Carlos Pérez Ricart del CIDE (citado por medios internacionales), interpretan este movimiento como un «acto de ofrenda». Si bien no soluciona el problema de fondo del narcotráfico, sirve como una válvula de escape para aliviar la presión inmediata de la Casa Blanca y desactivar, momentáneamente, la narrativa intervencionista de Trump, quien recientemente etiquetó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
Con este nuevo grupo, la administración Sheinbaum suma un total de 92 criminales de «alto impacto» enviados al norte: 29 en febrero de 2025 (incluyendo al histórico Rafael Caro Quintero), 26 en agosto de 2025 y los 37 actuales.
¿Quiénes se van? El desmantelamiento de las estructuras intermedias
A diferencia de las entregas anteriores que incluyeron a figuras mediáticas como «La Tuta» o el «Z-40», esta lista de 37 nombres se caracteriza por atacar los mandos operativos y logísticos: los hombres que mueven la droga, el dinero y la violencia en el terreno. La lista, difundida por fuentes oficiales y retomada por medios como SinEmbargo y Nación321, revela un golpe transversal a prácticamente todas las organizaciones criminales importantes.
El Narcoterrorismo y los Beltrán Leyva Uno de los perfiles más inquietantes para la justicia estadounidense es el de Pedro Inzunza Noriega, alias «El Señor de la Silla» o «El Sagitario». Según información recabada por el periodista David Marcial Pérez de El País, Inzunza es el primer capo trasladado bajo la acusación formal de narcoterrorismo. Líder de una escisión de los Beltrán Leyva y detenido apenas en la Nochevieja pasada en Culiacán, su traslado fue exprés. Se le acusa, junto a su hijo (abatido en diciembre), de dirigir una de las redes más sofisticadas de producción de fentanilo, el enemigo público número uno de la administración Trump.
El Cártel del Noreste (CDN) y la Violencia en la Frontera Otro golpe significativo es contra los herederos de Los Zetas. En la lista figura Ricardo González Sauceda, alias «El Ricky», identificado como jefe regional del Cártel del Noreste en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. De acuerdo con Associated Press, «El Ricky» era un objetivo prioritario de la DEA, considerado el segundo al mando de la organización, solo por debajo de «Juanito Treviño». Su entrega busca pacificar una de las zonas más calientes para el comercio bilateral.
CJNG: La franquicia del terror El Cártel Jalisco Nueva Generación, catalogado como la mafia más poderosa de México, sufrió la baja de siete de sus operadores. Destaca Armando Gómez Núñez, alias «Delta 1», líder de la célula de sicarios «Los Deltas» y tercero al mando en la zona metropolitana de Guadalajara. Vinculado a actos de tortura y secuestro, era colaborador cercano del hijastro de «El Mencho». También fue enviada María del Rosario Navarro Sánchez, alias «La Señora», acusada de colaborar financiera y logísticamente con el cártel, siendo la única mujer destacada en este envío masivo.
Sinaloa y los operadores logísticos Por parte del Cártel de Sinaloa (o del Pacífico), se envió a Daniel Alfredo Blanco Joo, alias «El Cubano», pieza clave en la logística para introducir estupefacientes a Estados Unidos y objetivo del FBI. También figura José Luis Sánchez Valencia, familiar político de la cúpula del CJNG pero con nexos operativos transversales.
Una estrategia de «Limpieza de penales»
El analista de seguridad David Saucedo señaló a agencias internacionales que, aunque no todos son «cabecillas» de renombre mundial, muchos de estos reos continuaban operando sus imperios criminales desde el interior de las prisiones mexicanas. Omar García Harfuch reforzó esta tesis al declarar que su traslado garantiza que «ya no podrán generar violencia en nuestro país». La estrategia parece clara: evitar que las cárceles mexicanas funcionen como centros de comando («home office» delictivo) y, al mismo tiempo, nutrir a los fiscales estadounidenses de informantes clave para sus casos judiciales.
El historial de las entregas «Fast Track»
Este mecanismo se ha consolidado como el sello de la cooperación en seguridad de la era Sheinbaum-Trump:
La sombra de la invasión
A pesar de estos esfuerzos, la tensión no desaparece. Donald Trump declaró en Fox News el pasado 8 de enero que EE. UU. «empezaría a golpear tierra» en referencia a operaciones militares. La respuesta de México ha sido diplomática pero firme, aumentando las incautaciones de fentanilo (como el reciente decomiso de 20 millones de dólares en el aeropuerto de la CDMX disfrazados de cosméticos) y acelerando estas extradiciones.
Mientras los aviones militares mexicanos aterrizan en suelo estadounidense, la pregunta que flota en el aire, planteada por el periodista Ricardo Ravelo en MVS Noticias, es si estas entregas serán suficientes para saciar las exigencias de Washington o si son solo el preludio de una presión aún mayor sobre la soberanía mexicana. Por ahora, 37 nombres más se borran de la lista de pendientes de México y se suman a los expedientes de las cortes federales de Estados Unidos.
Con información de El País, The New York Times, AP, SinEmbargo y Nación321.