Fotografía: La Fiscalía de Sonora formuló imputaciones por homicidio culposo y uso de documentos falsos contra ocho particulares y una persona moral.
Compartir

La madrugada de este miércoles 14 de enero marcó un hito judicial en el caso del incendio de la tienda Waldo’s, siniestro que el pasado 1 de noviembre cobró la vida de 23 personas y un no nato. Tras una maratónica audiencia que se extendió por casi 18 horas, un juez de control imputó formalmente a nueve implicados, aunque ninguno dormirá en prisión por el momento.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que la sesión, iniciada a las 09:30 horas del martes, concluyó pasadas las 03:20 horas de hoy. En ella, el Ministerio Público presentó cargos diferenciados contra ocho personas físicas y la persona moral (la empresa) por una batería de delitos graves: homicidio culposo, lesiones, daños, aborto, incumplimiento de un deber legal y uso de documentos falsos.

La controversia de las medidas cautelares

El punto álgido de la jornada judicial recayó sobre José Luis “N”, identificado como representante legal de la cadena comercial. La autoridad judicial determinó imponerle la prisión preventiva justificada, argumentando su probable responsabilidad en la tramitación de permisos municipales mediante documentación apócrifa y omisiones graves en la supervisión de seguridad del inmueble.

No obstante, esta medida no pudo ejecutarse. La defensa de José Luis “N” presentó una suspensión provisional derivada de un juicio de amparo vigente, lo que frenó su ingreso al centro penitenciario, permitiéndole enfrentar el proceso en libertad condicional mientras se resuelve el recurso federal.

Para las otras ocho personas físicas imputadas —entre las que trasciende la presencia de funcionarios de protección civil locales y estatales— el juez dictó medidas cautelares distintas a la prisión. Al acreditar arraigo domiciliario y acudir voluntariamente al juzgado, se les impuso:

  • Presentación periódica ante la autoridad.
  • Exhibición de una garantía económica.
  • Prohibición de salir de la demarcación territorial designada.
  • Una cadena de irregularidades

    La investigación de la Fiscalía ha destapado una serie de negligencias sistemáticas. Se reveló que el establecimiento operaba sin un Programa Interno de Protección Civil válido desde el año 2021. Además, se detectó el uso de al menos 23 documentos falsificados, incluyendo dictámenes de sistemas contra incendios y planos arquitectónicos que no correspondían a la realidad del edificio ubicado en la avenida Dr. Alberto G. Noriega.

    La defensa de los acusados solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas, por lo que su situación jurídica definitiva —si son vinculados a proceso o no— se definirá en la próxima audiencia programada para el 19 de enero.

    La investigación continúa

    El caso está lejos de cerrarse. La Fiscalía sonorense notificó que aún quedan pendientes las comparecencias de otras 15 personas. Tres de ellas están citadas para el 29 de enero, mientras que 12 más cuentan con amparos que han retrasado su presentación ante el juez. Asimismo, la autoridad confirmó que existen dos personas prófugas de la justicia.

    Mientras el proceso legal avanza, las familias de las 24 víctimas mortales y la decena de heridos mantienen su exigencia de transparencia, en una tragedia que expuso la fragilidad de las normativas de seguridad comercial en la capital sonorense.


    Compartir

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *