Fotografía:La falta de un tabulador vigente estuvo a punto de impedir el pago de la primera quincena de septiembre a la base trabajadora.
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El proceso de transición en el Poder Judicial de la Federación (PJF) ha destapado una crisis administrativa sin precedentes. Néstor Vargas Solano, presidente del nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ), reveló que el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) —que operaba bajo la presidencia de la ministra Norma Piña— dejó un déficit financiero de 14 mil millones de pesos para la operación del organismo.

Al rendir su primer informe de labores, correspondiente a sus primeros 100 días de gestión, Vargas Solano advirtió que la administración saliente no solo heredó números rojos, sino una serie de omisiones graves que pusieron al borde del colapso la operatividad de la justicia federal.

Nómina en peligro y redes de poder

El funcionario calificó la situación como un «hecho histórico» de depuración institucional. Según su reporte, el extinto CJF no dejó un tabulador de pagos vigente después del 31 de agosto de 2025, lo que puso en riesgo real el salario de 50 mil trabajadores durante la primera quincena de septiembre.

«Estamos frente a un hecho histórico, se están extinguiendo en el Poder Judicial las personas e intereses que se creían intocables. Aquellas redes internas que sólo protegían y servían a unos cuantos», sentenció Vargas Solano.

Ante el cúmulo de anomalías detectadas, que incluyen falta de estudios financieros para los pagos de retiro de jueces y magistrados estipulados en la reforma judicial, el OAJ informó que ya se dio vista a la Contraloría para que se finquen las responsabilidades correspondientes.

Abandono material y fin de privilegios

El informe, presenciado por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y representantes de la Suprema Corte, detalló el deterioro físico de la institución:

  • Faltas graves de mantenimiento en inmuebles.
  • Equipos multifuncionales (impresoras y escáneres) inservibles.
  • Depósitos documentales saturados al 98% de su capacidad, lo que complicaba la gestión de archivos.
  • Como medidas correctivas inmediatas, Vargas Solano anunció la implementación de un nuevo tabulador que aplica criterios de austeridad: se eliminaron definitivamente los seguros de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizada para los altos mandos y personal de nuevo ingreso, garantizando, sin embargo, que las prestaciones de los niveles operativos (12 al 34) no se vieran afectadas.

    El titular del OAJ aseguró que, en poco más de tres meses, se han sentado las bases para una clara separación entre las funciones administrativas y las jurisdiccionales, buscando desmantelar las estructuras que operaban al margen de las necesidades reales de los juzgadores.


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