Ante la incertidumbre financiera que enfrentan los gobiernos locales, Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de Huixquilucan, lanzó un enérgico llamado al Gobierno de México y a la Cámara de Diputados para reintegrar el control de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a los municipios. La edil denunció que el actual esquema de distribución federal carece de transparencia y ha fomentado el uso discrecional del presupuesto.
Durante su intervención en la Segunda Asamblea de la Asociación Nacional de Alcaldes de México (ANAC), Contreras Carrasco expuso que la retención de recursos —que en 2025 ascendió a 13 mil millones de pesos— ha impactado negativamente en la ejecución de obra pública esencial. Explicó que la Secretaría de Bienestar, encargada de reasignar este dinero directamente a comunidades indígenas, lo hace sin garantizar la capacidad técnica para las obras ni aplicar auditorías de fiscalización.
Recursos sin rumbo ni control
La alcaldesa enfatizó que, tras el primer año de este modelo, los resultados son alarmantes: obras inconclusas por falta de conocimiento técnico, dinero «desaparecido» y conflictos sociales entre comunidades debido a la falta de claridad en las asignaciones.
«No estamos en contra de que se asignen recursos a las comunidades indígenas; al contrario, estamos en la mejor disposición de apoyar a los pueblos originarios. Pero no pueden quitarnos recursos a los municipios para asignarlos de manera discrecional y sin que haya auditorías… hoy se están generando conflictos entre los pueblos y no se ejecutan obras que realmente beneficien a la ciudadanía», sentenció Contreras.
Impacto en servicios básicos
Respaldada por Mauricio Tabe, presidente de la ANAC, y alcaldes de Yucatán, Chihuahua y Michoacán, Romina Contreras advirtió que el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 contempla un escenario similar. Esto pone en riesgo servicios primarios como pavimentación, bacheo, redes hidráulicas, electrificación y salud, áreas donde los ayuntamientos son el primer contacto de respuesta para la población.
Los ediles panistas coincidieron en que la Secretaría de Bienestar ha operado con reglas poco claras, detectando incluso que fondos etiquetados para zonas indígenas han llegado a comunidades que no cumplen con dicha clasificación, lo que despierta sospechas de un posible uso electoral del dinero público.
La propuesta del bloque de alcaldes es clara: si el Gobierno Federal desea apoyar a los pueblos originarios, debe crear un fondo específico con recursos propios, sin «arrebatar» las participaciones que por ley y operatividad corresponden a los municipios para garantizar el desarrollo local.