En una sesión marcada por la urgencia y el consenso unánime, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes, con 450 votos a favor, la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. La legislación, que ahora pasa al Ejecutivo para su publicación, declara una ofensiva frontal contra este delito al establecer penas de hasta 42 años de prisión y eliminar cualquier posibilidad de reducción de condena o libertad anticipada.
La aprobación se dio tras un «jalón de orejas» legislativo. La minuta regresó a San Lázaro con correcciones sustanciales enviadas por el Senado, luego de que la Cámara Alta rechazara la intención inicial de la mayoría oficialista de reducir las penas mínimas.
El «diente» de la Ley: Castigos y Agravantes
La norma homologa el tipo penal en todo México, permitiendo que la extorsión se persiga de oficio (sin necesidad de denuncia de la víctima). La pena base se fija entre 15 y 25 años de prisión, pero el rigor aumenta drásticamente mediante 34 agravantes clasificadas en tres niveles:
Cobro de Piso y Sindicatos Falsos (Hasta 33 años): Se sancionará con severidad a quienes extorsionen a sectores comerciales, agrícolas o industriales, así como a quienes simulen pertenecer a sindicatos u organizaciones para exigir cuotas.
Grupos Vulnerables (Hasta 37 años): Si la víctima es menor de edad, adulto mayor, migrante, mujer embarazada o si existe una relación laboral o de confianza.
Violencia y «Montachoques» (Hasta 42 años): La pena máxima se aplicará cuando exista violencia física o cuando el delito se cometa provocando accidentes intencionales (modus operandi conocido como «montachoques»).
Servidores públicos, en la mira
Uno de los puntos corregidos por el Senado fue el castigo a la corrupción interna. Se restableció la sanción de 10 a 20 años de prisión para policías, fiscales o custodios que, conociendo un acto de extorsión, no lo denuncien o faciliten los medios para su comisión (como el uso de celulares en penales).
Debate: Entre Galileo y «Amateurs»
Aunque la votación fue unánime, el debate político no estuvo exento de fricciones. La oposición aprovechó la rectificación del Senado para criticar a la bancada de Morena.
«El Senado corrigió la plana y ustedes quedaron exhibidos como lo que tanto han intentado ocultar: amateurs con fuero», lanzó el panista Marcelo Torres, celebrando que se endurecieran las penas que Morena intentó suavizar inicialmente.
En respuesta, Ricardo Monreal, líder de la bancada guinda, defendió su postura invocando al garantismo jurídico y hasta a Galileo Galilei. «Soy garantista y estoy seguro que agravar las penas por sí solo no resolverá la situación del país (…) pero asumo la responsabilidad», declaró Monreal, calificando las críticas opositoras como «mezquinas» y «altaneras».
Un delito desbordado
La urgencia de la ley responde a una realidad alarmante. Según datos del Secretariado Ejecutivo, en enero de 2025 se registraron casi 30 extorsiones diarias, un aumento del 57% en el sexenio. Además, el costo de este delito para las unidades económicas supera los 124 mil millones de pesos, evidenciando la necesidad de herramientas jurídicas más robustas como el bloqueo de cuentas y la creación de un Sistema Nacional de Información sobre Extorsión.